Durante la próxima semana el gobierno federal y estatal anunciarían el otorgar al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, la categoría de Centro de Especialidades Médicas, con el fin de fortalecer su capacidad de atención, mediante la disponibilidad de recursos por 40 mil millones de pesos adicionales, que la Federación anunció para apoyar la infraestructura hospitalaria del país, informó el director del Instituto de Salud por el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, durante su visita a San Luis Potosí.
El funcionario federal comentó que el nosocomio mantiene un modelo de trabajo con especialistas de gran nivel, que podría ser replicado a nivel nacional, por lo que se buscará apoyar con recursos para que pueda mantener una mejor calidad de atención médica a nivel regional.
Dijo además que en relación a los pasivos que registran varios estados del país, incluido San Luis Potosí, se está haciendo un esfuerzo, del cual la entidad ha logrado bajar este compromiso en un 50 por ciento, respecto de los mil 60 millones de pesos que se mantenían.
En el tema de la rectoría de los centros hospitalarios a cargo del estado potosino, agregó que se buscará definir esta situación junto al cuerpo jurídico de la Federación, y una vez que se determinen los lineamientos a seguir, se podría definir que el inventario siga siendo de la administración estatal y establecer un contrato de comodato para que el gobierno federal pueda invertir en infraestructura.
Respecto al tema de los medicamentos, detalló que la compra consolidada para este año ya está asignada en un 65 por ciento, y hacia el mes de marzo ya estará al 100 por ciento, mientras que las entidades ya podrán estar en condiciones de adquirir estos medicamentos a través de este esquema para que quede la cobertura afianzada desde este año y hasta el 2023.
Agregó que continúa el proceso de investigación, respecto de aquellos laboratorios que tenían las manos metidas en el proceso de compra consolidada y hubo un boicot de éstos para dejar de distribuir los medicamentos en contratos directos que mantenían con hospitales, por lo que la función pública avanza en este proceso y se establecen las demandas ante la Fiscalía General de la República.
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