Más Información
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/JB5MLGB725F3BJDDKENZGNUABA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/D75YIV3D3FAYNBUYUBA6Z4LLTU.jpg)
“Se les acabó la pachanga” fueron las palabras del secretario del ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García, al referirse al cúmulo de observaciones que se detectaron en todas las áreas municipales al término de la revisión del proceso de entrega-recepción.
Junto con el contralor interno del municipio José Mejía Lira, detallaron que se detectaron mil 843 observaciones, la mayoría de ellas en las áreas de Tesorería municipal, Comercio, DIF y Catastro.
En rueda de prensa manifestaron que es la Dirección de Administración, Planeación, Finanzas y Tesorería municipal donde se detectaron 890 irregularidades, en la Dirección de Comercio 146, en dirección general de sistema municipal DIF 109, en Catastro y Desarrollo Urbano 106, en Dirección de Ingresos 84, en Dirección de Educación 54, Obras Públicas 47, en Turismo y Cultura 46, por mencionar algunas.
El secretario del ayuntamiento aseveró que el número de quejas podría triplicarse si se cuantificaran una por una las observaciones detectadas, sin embargo fueron agrupadas por tipo de prácticas, debido a que se detectaron hasta 80 casos similares en algunas situaciones.
Los daños al erario público pueden ascender hasta más de mil 1200 millones de pesos tan sólo en Tesorería, por lo que esto fue considerada una “estafa burda”, debido a que no sólo se detectó promoción personalizada con cargo al erario público y compras simuladas, sino también la compra de vehículos a sobreprecio.
"Están comprados con un valor de 400 mil pesos, pero verdaderamente con un sobreprecio de más de 800 mil, pagos de plazas indebidas, pagos a trabajadores sin apego a tabulador y cumplimiento de contratos de obras fantasmas, incumplimiento de contratos, proveedores inexistentes, contratación y subcontratacion directa, cobros de licencias que no eran ingresadas en caja, faltas graves al ramo 33 y 28, programas sociales totalmente lastimados, pagos de servicios y materiales con sobreprecio y fuera de mercado", dijo.
Estas observaciones deberán ser subsanadas por los ex directores de cada dependencia señalada en un plazo máximo de 15 días, ya que de no hacerlo podrían ser acreedores a sanciones que pueden ir desde administrativas inhabilitaciones, reparaciones económicas del daño, hasta de carácter penal.
apl
