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Luego de que en el más reciente informe INDEPOL 2018 de la organización de la sociedad civil Causa en Común se diera a conocer que San Luis Potosí en realidad no ha dado de baja desde 2016 a quienes reprueban los exámenes de control de confianza, siendo casi 300 agentes en esta situación, Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, confirmó los señalamientos de este indicador.
El segundo a bordo de la administración estatal justificó “el tema es que no podemos dar de baja a todos, solo podríamos hacerlo poco a poco, el dinero es una gran limitante, también está el tema de que hay algunos policías que se amparan y tampoco se les puede dar de baja mientras se desarrolla su proceso jurídico y otros simplemente se niegan a realizar las pruebas”.
De igual forma, manifestó que de alguna manera se tendrán que sacar los recursos porque de acuerdo a la ley existe una “fecha fatal” en donde ningún elemento que no tenga su certificado de control de confianza no puede seguir en la corporación, esta fecha es julio de 2019 cuando el tema tiene que estar totalmente regularizado y saneado.
Explicó que de acuerdo a lo que conoce, estos agentes no pueden estar directamente en operativos, por lo que seguramente están en otro tipo de actividades que pueden ser administrativas o de otra naturaleza que no puedan representar algún riesgo mientras se hace lo posible para obtener los recursos y poder liquidarlos de acuerdo a la ley.
Finalmente, Leal Tovías dijo desconocer el monto específico que se requiere “pero si se trata de una cantidad importante”, por lo que es un asunto que se está revisando de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas aunque señaló desconocer si para el presupuesto 2019 de la entidad esté contemplada una partida para ello.
samuel.estrada@clabsa.com.mx
