La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, en el cuarto trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal en México sumaron 30.2 millones de personas para un aumento de 1.1 por ciento, respecto al mismo periodo del 2016 y significó 57 por ciento de la población ocupada, publicado por El Universal.
El comercio informal es un gran problema, ataja a la pregunta el ex presidente de Nuestro Centro, José Luis Lozano Andalón, expresó que hace más de una década como titular de esa organización de comerciantes formales en esta capital, “había un censo a nivel nacional que arrojaba el 32 por ciento de las personas que laboraban en el país de cierta manera informal, que incluían plomeros, servidoras domésticas y una serie de prestadores de servicios informales, de los cuales el 15 por ciento eran vendedores ambulantes, hoy estamos sobre el 54 por ciento”.
Esas personas –agregó- trabajaban con giros tradicionales y no tradicionales y actualmente se ubica en el 54 por ciento de informales, y lejos de meterlos a una formalidad que nos conviene a todos, les dan incentivos para que no lo hagan, porque antiguamente era el 4 por ciento de los ingresos mercantiles y cualquier persona pagaba ese impuesto en la Secretaría de Finanzas lo que fuera a declarar, y se acababa el problema.
Mencionó que la informalidad se politiza más, “te doy permiso, pero sabes que tienes que votar por mí”; y no vayamos lejos, los comerciantes informales instalados para el 14 de febrero eran aproximadamente 250 en la Plaza del Carmen, que de paso hay la prohibición de dar permiso al ambulantaje, lo mismo que en plazas públicas, y en el Carmen ni siquiera se puede apreciar el bello Teatro de la Paz, cuando se hizo el compromiso de otorgar nada más 125 permisos.
Enfatizó que la razón es simple: son tiempos electorales y hay que quedar bien con el ambulantaje, son varios grupos que condicionan el voto a cambio de lo que sea.
Inspecciones que rebasan la exigencia en comercios establecidos.
El problema en sí, no es este, apunta el empresario, lo que vende el ambulantaje o los informales, son artículos que ni siquiera están hechos en México, son artículos robados de dudosa procedencia, que no pagaron impuestos, en fin, productos piratas como los conocemos.
Ahora esa práctica se persigue de oficio, expresó en tono tajante. Antiguamente los que ostentaban la posesión de la marca, tenía que demandar a cada ambulante que vendía esos productos, y cuando cambió la ley se persigue de oficio. Si se presenta la factura en el comercio formal de cualquier artículo, te defiendes, pero si no, incurren en unos ilícitos muy graves los comerciantes que llegaran a practicarlo.
Lozano Andalón resume que hay una extraordinaria competencia desleal, aunado a las mujeres que con anafres con comida, ponen en riesgo cualquier incendio, además de que no tienen la higiene necesaria, carecen de sanitarios, pero eso sí, a los restauranteros los tienen muy castigados con la pulcritud y los servicios, “y a nosotros sí, la Secretaría del Trabajo visita para vigilar si hay extintores, si están vigentes, la ruta de evacuación, etcétera”.
Otro delito federal considerado en este caso es sobre los populares “diablitos”, se cuelgan de la luz para evitar pagos y tener energía eléctrica gratuita y cuando pasa algo, a nadie culpan; “no se puede gobernar para unos, dándole privilegios a unos cuantos, y mientras los gobiernos entiendan que la política tiene que estar alejada de estos asuntos y con apego a la ley que cada día es más grande. Ya vamos en el 54 por ciento y eso quiere decir que mucha gente que estaban en lo formal salieron a lo informal”.
Las autoridades federales tampoco hacen absolutamente nada, refiere en tono enérgico, deberían realizar redadas y al detectar productos piratas en automático se persigue como un delito y confiamos que ellos pongan el orden si el municipio no actúa.
vkc