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El Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí habría simulado la ejecución de al menos 25 millones de pesos destinados al programa de modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad.
Este proyecto nunca se ejecutó, pero que si se cobró y sólo presentaron como pruebas testigos fotocopias de información cartográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lo anterior lo denunciaron integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) quienes luego de algunas denuncias realizaron una investigación independiente incluyendo solicitudes de información con la que se pudo comprobar esta simulación por parte de este organismo a cargo de la directora Margarita Guerrero Ortiz con recursos obtenidos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante la administración federal anterior.
Los denunciantes con pruebas documentales obtenidas de diversos ayuntamientos y dependencias pudieron constatar la contratación de empresas licitantes que en realidad simularon 32 mil inspecciones y vuelos de identificación, siendo que sólo tomaron la información con la que cuenta el INEGI que es pública y la entregaron a la dependencia como los resultados de su trabajo.
De acuerdo a la licitación, la empresa ganadora debía llevar a cabo un trabajo metódico terreno por terreno en la zona urbana de once municipios, Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Santa María del Río, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza.
Así como una inspección en Real de Catorce, Charcas, Xilitla y Venado, siendo que en ninguno de los caso se llevó a cabo el trabajo.
Según la SEDATU este programa impulsado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenía la intención de crear la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral para el ordenamiento territorial, la cual permitiría el acceso e intercambio de la información inmobiliario de la propiedad pública, privada y social de los tres órdenes de gobierno.
Dentro de los mismos datos se constata que en el financiamiento de estos trabajos la SEDATU en 2016 aportó 15 millones 6 mil 757 pesos y el gobierno del estado 9 millones 994 mil 496 pesos, siendo la empresa ganadora de la licitación “E-sistemas de Colaboración en Internet S. C.”, el contrato estuvo firmado por la propia Guerrero Ortiz.
Finalmente, los denunciantes señalaron que ya hicieron de conocimiento de esta irregularidad al nuevo titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, para que ponga cartas en el asunto e investigue el destino de estos recursos, asimismo aseguraron que en próximos días harían lo mismo, pero ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
samuel.estrada@clabsa.com.mx
