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San Luis Potosí ya se ubica entre las 10 entidades del país con mayor índice de criminalidad y de impunidad, debido a la presencia de células delictivas y la disputa de territorio geopolítico entre diversos cárteles de narcotráfico, que ha aumentado entre los límites de los municipios de la entidad y Soledad de Graciano Sánchez, así lo consideró el criminólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Luis Osornio.
"Nosotros estamos dentro de los 10 estados en que se ha elevado el índice de homicidio doloso, de hecho también tenemos un margen de impunidad entre las denuncias que se presentan ante los órganos jurisdiccionales porque se tiene poco margen de resolución en manera de sentencia".
De unos meses a la fecha, la criminalidad en San Luis Potosí aumentó principalmente durante los fines de semana, los hechos sangrientos más recientes se registraron la madrugada de este viernes, cuándo fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres de entre 27 y 48 años de edad, que fueron colgados en puente peatonal del bulevar Río Santiago, ambos presentaban signos de haber sido degollados. Estos hechos se suman a las seis muertes violentas que se registraron el fin de semana pasado en diversos puntos de la ciudad.
"Estas formas de ejecución son para transmitir un mensaje de limitaciones entre los territorios en disputa, representación que simboliza un mensaje sobre el rango de poder que se quiere acentuar en esa franja".
El criminólogo señaló que estos hechos no son un problema exclusivo de San Luis Potosí, sino una muestra de la incidencia nacional respecto a los cárteles de droga, y las células delictivas que se están disputando puntos de trasiego y consumo.
"Son transiciones de reacomodo, pero georeferencial a nivel nacional donde los cárteles en esta disputa observan en San Luis Potosí ciertos cuadrantes de comercio de narcomenudeo qué se debe de hacer antes de tomar decisiones que puedan afectar esos sectores urbanos. Ante dicha situación nosotros tenemos que hacer un mapa político criminal para establecer estrategias de prevención".
Dado el incremento de crímenes violentos en la entidad potosina, consideró necesaria la intervención y coordinación del ejército con las fuerzas policíacas federales, estatales y municipales, en funciones preventivas y de monitoreo en las zonas detectadas en el mapa político criminal, siempre y cuando no sé vulneren los derechos de los ciudadanos.
"Que esta situación de índice de criminalidad no tenga un desenlace colateral donde la injerencia de los militares pueda vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, sino que en realidad sea inteligencia coordinada para poder encontrar a los responsables de los hechos delictivos con el objetivo de reducir y contener la fuerza de los grupos delictivos que están en disputa en ese polígono de inseguridad".
Finalmente, precisó que vivir en un estado de derecho es una obligación que debe otorgar el estado por lo que las instituciones de seguridad de gobierno junto con el ejecutivo estatal deberán tomar acciones al respecto.
maria.hernandez@clabsa.com.mx
vkc
