Proponen creación de centros de atención y tratamiento en adicciones en centros penitenciarios

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La organización civil Renace Capítulo San Luis presentó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí dos iniciativas de ley que proponen la implementación de un protocolo de atención y tratamiento en adicciones a población penitenciaria de las cárceles de la entidad, y a personas sujetas a un proceso penal en los municipios de SLP, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde, Tamazunchale, Tancanhuitz y Ciudad Valles.

La apuesta va por la creación de Centros de Atención y Tratamiento en Adicciones, operados por personal especializado y previamente capacitado. Este modelo es completamente independiente de la situación jurídica de la población destinataria, pues judicializar o condicionar estos tratamientos es una vulneración al derecho a la salud, al cual toda persona debe tener acceso y garantía del mismo.

La elaboración de las iniciativas fue resultado del proyecto “La Justicia Terapéutica como un modelo de garantía al ejercicio del derecho a la salud de las personas jóvenes en el estado de San Luis Potosí”, organizado en 2019 por Renace mediante subvención de Unión Europea y Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC).

Proponen creación de centros de atención y tratamiento en adicciones en centros penitenciarios

El proyecto consistió en la realización de un diagnóstico sobre Tribunales en Adicciones en México y la percepción social del consumo de sustancias en las juventudes y su cruce con la comisión de delitos; un foro ciudadano en la capital y en Matehuala; mesas de trabajo con instituciones de salud, seguridad y atención ciudadana, así como academia, sociedad civil y colectivos; y la conformación de la Red Estatal de Trabajo para garantizar el ejercicio del derecho a la salud de la juventud potosina.

Renace hace un llamado no solo a la voluntad política para hacer posible la implementación de protocolos y centros de atención, sino también al etiquetado y transparencia de presupuesto, ya que abogar por la falta de recursos económicos no es justificación para no dar acceso y garantía al ejercicio de derechos.