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Luego de que se diera a conocer públicamente la detección de tomas clandestinas de agua en dos sucursales de un autolavado, que originó que diversos representantes de la iniciativa privada alzaran la voz, el director de Interapas Alfredo Zúñiga Hervert, rechazó categóricamente que estas clausuras tengan tintes políticos.
“Bajo las circunstancias y consumos promedio, podríamos hablar de 8 a 10 millones de pesos que tendrían que pagar”; sin embargo, se respeta el derecho de la empresa de presentar sus argumentos, para lo cual tiene 10 días hábiles a partir de que se llevó a cabo la revisión.
Señaló que el organismo actúa con criterios jurídicos y comerciales y que no importa quién sea el dueño, sino el hecho de que se haga uso de una toma irregular que consume agua potable sin pago de por medio en un negocio que lucra con el líquido.
“Me resulta increíble que incluso, un diputado afirme que ‘todo mundo en México se roba el agua’ y se justifiquen estas acciones” indicó.
Aseguró que esta investigación se inició desde noviembre de 2017 y que se han detectado por lo menos 60 tomas clandestinas más de uso comercial, en diversos rubros como lavanderías, hoteles, moteles y restaurantes.
Zúñiga Herverth recalcó que hubo directivos de la empresa presentes cuando se ubicaron y descubrieron las tomas y detalló que el procedimiento que sigue es el cuantificar el agua que pudieron utilizar y entonces calcular el monto a pagar por los pasados 5 años.
apl
