La asociación civil “Fe y Esperanza” que dirige Rosario Torres Mata, denunció hostigamiento y persecución de parte de diversos servidores públicos, que obstaculizan la labor que esta organización lleva acabo para poder ayudar a los familiares de las víctimas del delito, toda vez que un juez emitió una ejecución de embargo sobre los bienes de la asociación para tratar de disolver la misma y afectar la lucha por la defensa de los derechos de estas personas.
De acuerdo a Torres Mata, quien estuvo acompañada por parte de su equipo jurídico, el embargo se derivó de una multa que el juez Pedro Luis Gómez Ávila ordenó, ya que supuestamente el 21 de febrero se llevaría a cabo una audiencia en donde había sido citado a la abogada, pero esa fecha se dejó sin efectos por órdenes del gestor del Centro de Justicia de San Luis Potosí, Erik Briones Méndez, sin embargo, al juez ordenó que se pusiera una multa a la abogada de la sucesión por no asistir la misma.
Rosario Torres Mata señaló que el monto inicial era de mil 600 pesos, no obstante, en tres meses generó intereses hasta elevarse a casi 3 mil pesos, y refirió que las autoridades omitieron informarle de la multa y en su lugar enviaron a una persona a embargar directamente muebles.
Junto a varios de los familiares de las víctimas, llamó al gobernador del estado, los diputados locales, al Consejo de la Judicatura y al presidente del Supremo Tribunal, Juan Paulo Almazán Cué, que no permitan estos abusos y que además se sancione a todos aquellos funcionarios que solo buscan obstaculizar la labor de la asociación, cuando se busca avanzar en la resolución de los casos que se investigan y se busca sancionar a los delincuentes.
En este sentido hizo especial énfasis sobre el titular del Centro de Justicia Penal Erik Briones Méndez, ante la serie de trabas que existen al interior de la instancia a su cargo, ya que entre otras cosas, los afectados señalaron que supuestamente existe en el cien por ciento de los casos que se manejan a través de la asociación Fe y Esperanza, omisiones, además de que no se notifican las audiencias, no se les permite consultar expedientes, tardanza para sacar copias, entre otros aspectos que retrasan o generan que los expedientes lleguen con deficiencias a los jueces, quienes a su vez emiten fallos que favorecen a los delincuentes.
“Con estas acciones quieren callarnos, pero no nos vamos a parar, por eso hacemos el llamado al presidente (del STJ) para que pongan en orden a la gente de abajo, pedimos que paren este ataque porque sólo así pueden ganarle a los abogados de la asociación, embargando equipo de trabajo, es evidente un ataque porque siempre exigimos sanciones para los abogados que faltan a las audiencias para retrasar el proceso de las víctimas, así como para los jueces que no asisten o retrasan las audiencias en el Centro de Justicia Penal, primero inventan esto después ¿qué sigue, inventar que cometí un delito”, concluyó.
apl