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Hace unos días, tras una reunión conjunta, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que sea el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con sede en Michoacán, quien lleve a cabo los estudios para la definición del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito.
Se trata de un tema que ha generado gran interés entre los potosinos y que incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido en cuenta y lo ha mencionado en varias ocasiones, por lo que instruyó a la Semarnat para que se siguieran los pasos para la conformación de la figura que pueda proteger a esta área natural que es el principal pulmón de la capital potosina.
Pese a ello, no queda claro si esto significa que se detendrán los intentos del desarrollo inmobiliario en las faldas de la Sierra de San Miguelito por parte de privados que ya incluso acordaron comprar las tierras a la comunidad de San Juan de Guadalupe o incluso si se detendrá el proceso para la construcción de una ruta alterna a la zona industrial a través de terrenos de la propia sierra.
Al respecto, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, dijo que el estudio y definición de esta nueva ANP podría tardar entre 18 y 20 meses; y asegura que la protección ecológica de esta área es prioridad para la administración estatal, incluso señalando que “muchos temas podrían quedar pendientes a la espera de la conclusión de este estudio”.
No obstante, señaló que tampoco se retirará la propuesta para llevar a cabo la prolongación de la avenida Benito Juárez que serviría como ruta alterna a la zona industrial, en las faldas de la propia sierra a espera de que la Semarnat pudiera autorizarlo, sin embargo, descartó que pudiera darse el caso de que la vialidad comience a construirse y después resulte que quedó dentro del polígono de la ANP, puesto que ambas cuestiones se están llevando de la mano con el gobierno federal “y en su momento iremos tomando decisiones congruentes”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvette Salazar Torres, refirió que lo ideal es que se pueda proteger “lo más posible”, si se define que son más de 100 mil las hectáreas a proteger, “pues que se protejan todas”, pero reconoció que el solo hecho del inicio de los estudios no impide que propietarios puedan llevar a cabo obras en la zona, porque la ley no se los impide.
Finalmente, señaló que en todo caso quien está facultado para impedir cualquier tipo de obra en cualquier parte de su territorio son los ayuntamientos. En este caso el de la capital potosina puede no autorizar ningún tipo de desarrollo en las faldas de la Sierra de San Miguelito en tanto no se concluya el estudio de la ANP, que seguramente tendrá que ser incorporado posteriormente a los planes de desarrollo estatal y municipales de los involucrados.
samuel.estrada@clabsa.com.mx
