La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está incluida dentro de los planes de desarrollo urbano que inmobiliarios pretenden hacer en las más de 2 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito que habrían negociado el pasado domingo con comuneros de San Juan de Guadalupe, esto de acuerdo al propio documento que se les presentó a sus ahora asociados.
De acuerdo a una presentación a la que EL UNIVERSAL SAN LUIS POTOSÍ tuvo acceso sobre el desarrollo inmobiliario “Las Cañadas”, la UASLP estaría siendo beneficiada con 869 mil 565 metros cuadrados dentro del polígono de 2 mil 69 hectáreas que fueron negociadas el pasado domingo con la asamblea ejidal de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito.
Aunque no se detalla en qué emplearía la máxima casa de estudios potosina estos terrenos que representan al menos el 4.20 por ciento del total de los predios que ocuparía el proyecto “Las Cañadas”, en un croquis ilustrativo se refiere a un polígono en color marrón en la parte noreste del terreno como “área de la universidad”.
Este último señalamiento corresponde a un terreno mucho mayor del 4.2 por ciento que se especifica para la UASLP, por lo que probablemente haya otras universidades privadas y escuelas que tengan su lugar en este espacio, como es el caso del anunciado campus de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) como se ha especulado con anterioridad.
Se detalla además que la mayoría de los predios tendrían uso comercial habitacional con más de 5 millones de metros cuadrados, para uso comercial habría 425 mil metros cuadrados, 257 mil metros cuadrados para una zona parcelada, 127 mil para clubes deportivos, 255 mil para escuelas, 4 millones 134 mil para calles y vialidades, 3 millones 746 mil para áreas verdes, 1 millón 200 mil para áreas de donación y 4 millones 646 mil metros cuadrados como área de reserva.
Cabe recordar que el grupo de comuneros contrarios al proyecto denunciaron que el pasado domingo se les impidió el acceso al salón ejidal donde se llevaron a cabo los acuerdos entre comuneros a favor y los empresarios inmobiliarios, sin embargo, calificaron de ilegal estos acuerdos puesto que no se efectuaron en presencia de ningún representante de la Procuraduría Agraria.
samuel.estrada@clabsa.com.mx