Tras cuatro años de lucha legal y seis de buscar justicia, María de Jesús Almendárez Prieto, obtuvo un fallo favorable, que comprueban el acoso y abuso sexual del que fue víctima.

El pasado 13 de noviembre del 2018 la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió la resolución en la que dictó sentencia condenatoria en contra de su agresor Juan Martín Gatica Izaguirre, por los delitos de acoso sexual y abuso sexual, informó su abogado Tomás Coronado Zárate.

Sin embargo la defensa de Marychuy, como se le conoce, anunció que se interpuso un amparo directo respecto a los puntos quinto, sexto y octavo de la sentencia pues consideran que puede haber una mayor penalidad que los cuatro años y tres meses de prisión que se determinaron, además de que no coinciden con la resolución de la sala que considera que no es necesario que el servidor público sea suspendido ni inhabilitado a ocupar cargo público.

“Creemos que puede haber una mayor penalidad y al encontrarse una responsabilidad penal por parte del imputado, consideramos que también debería aparejarse con una inhabilitación para que no pueda tomar cargos públicos esta persona, esto es con el objeto (…) de que no utilice los cargos públicos” para vulnerar otras víctimas.

La notificación de esta sentencia les llegó el pasado 15 de noviembre, misma que reciben con “alegría”, dado que esto supone un triunfo y precedente para las demás mujeres que son víctimas de este tipo de delito, a quienes pidió no callarse y denunciar a los acosadores para que exista justicia y haya sanción a los responsables.

Será un Tribunal Colegiado de circuito el que determine la procedencia del amparo, sin embargo, confió en que la decisión sea a favor dado que “el artículo 81 del Código Penal del Estado, establece que cuando son condenas que rebasan los cuatro años de prisión, no debe de darse una sustitución de la pena, sino al contrario, cuando rebasan esta penalidad debe haber una pena que cause reinserción social”.

Coronado Zárate estima que el agresor de Marichuy debería ser condenado a una pena superior a los cinco años seis meses, y no cuatro años y tres meses que estableció el colegiado, instancia que  concluyó que había una responsabilidad media por sus actos, a diferencia de lo que percibe el defensor de la víctima, quien observa que el agresor en su carácter de representante sindical del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno del Estado (SUTGE), tiene una responsabilidad máxima.

Al respecto Marichuy hizo un llamado a las víctimas de violencia de género a que no claudiquen en su lucha, “si les asiste la verdad, sigan perseverando (…) yo pude, ellas también van a poder”, además reveló que habría otras dos víctimas de violación y  acoso por parte de funcionarios públicos.

Consideró que dar la cara le ayudó, aunque al principio evidenció su caso con vergüenza, se dijo aliviada de que al final le asistió la razón, “yo les pediría a las víctimas, que si no están conformes con una resolución que denuncien al juez, para que resuelvan conforme a derecho. Era lo único que les pedía que resolvieran conforme a derecho”.

Finalmente, dijo que con esta resolución percibe que triunfó la verdad sobre la corrupción.

maria.medrano@clabsa.com.mx

apl

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