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La congestión vial que mantiene la zona metropolitana entre San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez le cuesta los potosinos mil 101 millones de pesos anuales, ocupando la onceava posición a nivel país, de acuerdo a los resultados del primer Estudio Nacional del Costo de la Congestión: México que se realizó en el 2018, y cuyos resultados se dieron a conocer en el año anterior, realizado por el Instituto Nacional de la Competividad (IMCO).
El crecimiento industrial y urbano que experimenta la capital potosina, ha generado también un problema de movilidad que no parece tener fin, pero la apuesta es la misma: inyectar una gran cantidad de recursos para el tema de vehículos automotores y apenas una incipiente idea de usar fuentes más amigables con el medio ambiente.
El estudio señala que el índice de Tráfico Promedio Anual es del 1.22 y el costo de congestión per cápita anual es de dos mil 126 pesos, mientras que las horas totales gastadas en traslados por año, es de más de 98 mil 178 y se perdieron más de 52 horas (52.17) en congestión per cápita por año.
Según el IMCO, cada potosino pierde en promedio al año, lo equivalente a 35 películas, 13 libros, cuatro cursos online; 35 partidos de fútbol; y 52 carreras de 10 kilómetros.
La congestión vial impacta a la mayoría de viajes realizados en vehículos motorizados, de transporte público y privado, por lo que a las personas les toma más tiempo trasladarse. Esto genera costos muy altos en tiempo, calidad de vida, competitividad y desarrollo económico.
También se señala que en México, la mayoría de la población usa transporte público (TP) o camina, pero los gobiernos no le destinan recursos en la misma proporción.
Para el automóvil invierten 47% del presupuesto asignado a movilidad cuando un 25% de la población lo utiliza.
Para el transporte público solo se destina el 1.2% del presupuesto asignado a movilidad y es usado por el 39% de la población.
El IMCO propone a las metrópolis que se invierta más el gasto en transporte público seguro, eficiente y limpio conforme a la proporción de usuarios y en infraestructura para movilidad no motorizada.
También se debe hacer que el transporte público sea financieramente sostenible, con descuentos para la población vulnerable; fomentar la evolución hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información que ayuden a los usuarios a tomar decisiones multimodales para sus traslados.
Incluso se buscaría desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes como la tenencia y sobre gasolinas, además de eficientar el uso del espacio público mediante la instalación de parquímetros, el cobro de vialidades urbanas, entre otros rubros.
Cabe recordar que entre los dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez, que conectan a las carreteras federales 70 y 57 con la avenida Salvador Nava Martínez, y la licitación de la ampliación del Puente Pemex, los pasos vehiculares en bulevar Antonio Rocha Cordero en los cruces con Rio Españita y Avenida Industrias, así como un acceso a la carretera 57 se genera una inversión global conjunta de 1 mil 916.1 millones de pesos.
