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En lo que va del año se han registrado 36 muertes violentas de mujeres, 17 de ellas como homicidios dolosos y 19 como feminicidios, de los que se han resuelto el 65 por ciento, así lo indicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Oviedo Abrego.
En atención a medios, el funcionario señaló que en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), se han realizado las investigaciones que determinan la responsabilidad y captura de los agresores de los dos recientes feminicidios ocurridos en los recientes días, por lo que anticipó que se aplicará todo el peso de la ley.
Oviedo Abrego explicó que solo en 18 de las 32 entidades federativas del país, existe Alerta de Violencia de Género, entre las que se encuentra San Luis Potosí, las restantes no clasifican muertes de mujeres como feminicidios, solo como homicidios dolosos.
Destacó que el caso del feminicidio ocurrido el pasado miércoles 23 de octubre en Tamazuchale, donde la víctima fue una menor de 12 años, la Policía Investigadora realizó las indagatorias necesarias para esclarecer este hecho, las que derivaron en la detención de Ángel Rafael N, de 19 años de edad y de Ángel de 35 años.
Así como del feminicidio ocurrido este viernes 25 de octubre, en las calles del fraccionamiento Los Molinos de la capital, donde la víctima fue localizada en el interior de un vehículo, donde se encontraron señales evidentes de estrangulamiento, efectivos de la Policía Investigadora de la FGE, inició con las investigaciones que determinaron la probable responsabilidad de Giovani N., de 34 años de edad.
Reiteró que en San Luis Potosí, las investigaciones de muertes violentas de mujeres inician con un protocolo de feminicidio, y que conforme avanzan las investigaciones los Ministerios Públicos van descartando o corroborando los datos de prueba necesarios para su clasificación como feminicidio, o bien, como homicidio.
Oviedo Abrego agregó que una vez que el caso pasa a manos del juez de control, pone los elementos en la carpeta de investigación, esta clasificación se realiza por la FGE y que obedece a las circunstancias como: que exista o que haya existido una relación de parentesco, afecto, docente o laboral, o cualquier otra relacionada con amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y su agresor.
Así como signos de violencia sexual o de cualquier otro tipo, antecedentes de agresiones físicas, psicológicas, patrimonial, económica o de cualquier amenaza en el ámbito familiar, laboral o escolar.
Además de agravantes como mutilación o lesiones, previas o posteriores a la privación de la vida, o bien, que generen sufrimiento, antecedentes de acoso, amenazas o violencia sexual, o que el cuerpo de la víctima sea expuesto o bien arrojado en un lugar público.
Las anteriores clasificaciones, agregó, las realiza la FGE que a diferencia de otras entidades siempre aplica el protocolo de feminicidio y por ello no coinciden con las con las distintas formas de evaluación que aportan las demás entidades federativas del país, para determinar en que casos son catalogados como feminicidios, o bien, como homicidio doloso de mujeres, que tienen impacto en la incidencia delictiva que mensualmente se da a conocer mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
