La suspensión de la construcción de la presa “La Maroma” se debió a irregularidades técnicas y no a cuestiones políticas o partidistas, así lo informó el encargado de la Dirección local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz, quien además indicó que la dependencia federal ya presentó su desistimiento en el juicio que mantenía en contra de los inconformes del ejido La Presa en Villa de Guadalupe con quienes se priorizará la conciliación sin ninguna acción legal de por medio.
El funcionario federal explicó que se han encontrado varias inconsistencias por lo que se ordenó la suspensión de la obra, como por ejemplo se pidió autorización para 500 litros por segundo, no obstante, a la hora de licitar solo se refieren 135 litros por segundo, “lo cual es muy escaso el volumen de agua en comparación con la inversión que se está haciendo”.
Recordó además que la presa tenía que haber sido entregada en el año 2018, por diversas circunstancias no sucedió así, cabe resaltar que el avance es ínfimo, de menos del 30 por ciento, en comparación con el avance financiero; señaló que se solicitó una prórroga para 2019 y ahora estaban solicitando una nueva prórroga para 2020 “y pues se decidió ya no otorgarlo”. Díaz aseguró que aun antes de decretar la suspensión era muy poco el movimiento y presencia de trabajadores desarrollando las obras.
Detalló que otro caso es que cuando se presentó el proyecto no se habló de una superficie agrícola beneficiada, solo se hizo referencia para uso urbano de Matehuala “y después ya se plasmó sobre la marcha de 446 hectáreas para riego, es como si yo pidiera permiso para hacer una cosa y a la mera hora hago otra”, lo mismo sucedió con las longitudes de las tuberías y sus diámetros.
Félix Díaz añadió que aunque aún no termina el análisis y el procedimiento interno sobre la obra, ya se están bosquejando algunas alternativas porque la necesidad de agua confiable, de calidad y a largo plazo para Matehuala es muy importante; mencionó que se ha hablado del aprovechamiento del agua de manantiales de manera directa y hay varios identificados en la Sierra de Catorce en Villa de Guadalupe, así como otras opciones que están siendo analizadas por los mejores hidrólogos del país.
En el caso del recurso que aún no estaba ejercido, reiteró que son alrededor de 100 millones de pesos, que aunque el procedimiento no está concluido y no hay nada en concreto, es probable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pida que se devuelvan a sus arcas, mientras tanto se le dará solución al problema, incluyendo la eventual rescisión de contrato a las constructoras contratadas y cómo es que se llegará a un acuerdo financiero con ellas.
Por último, manifestó que en el caso de funcionarios o exfuncionarios que tuvieron alguna responsabilidad en estas irregularidades detectadas serán llamados a comparecer y en su caso podrían determinarse sanciones, inclusive de tipo penal. Cabe resaltar que depende mucho del procedimiento que en su momento estaría llevando a cabo tanto órganos internos de la CONAGUA como la Secretaría de la Función Pública.
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