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María de Jesús Almendárez Prieto, víctima de abuso y acoso sexual, por parte de un funcionario del gobierno estatal, negó ser quien lidera el plantón que se mantiene desde el pasado 14 de agosto afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), ubicada en Rayón #450 en el Centro Histórico.
Esto luego de los señalamientos realizados por la organización Cambio Por San Luis, sobre que el plantón afecta a cerca de dos mil víctimas que recibían atención psicológica en el sitio y otros servicios que presta la institución.
Almendárez Prieto reconoció que aunque parezca que se afecta a otras víctimas “estamos abriendo un boquete hasta para ellas (…) no puede haber víctimas de primera ni de tercera” y advirtió que habría un trasfondo político tras las acusaciones en su contra.
Acusó además a Jorge Vega Arroyo, titular de la CEEAV, de difundir información confidencial, ya que señaló que no se explica cómo es que Cambio por San Luis asegura que ella solicita dos millones de pesos como reparación de daño; puntualizó que ella pide la reparación de daño moral por los gastos que le ha generado el proceso para demostrar la culpabilidad y responsabilidad de su agresor, quien aún trabaja para una dependencia estatal.
“No quieren reparar el daño, por eso vamos a pedir una auditoría para saber a dónde se está yendo el dinero”, advirtió, y agregó que ella no tiene nada oculto, “mi problema es gobierno y un sindicato mayoritario que no quiere cesar a un trabajador aunque hay una sentencia condenatoria”.
Mencionó que ella presentó sus gastos ante la dependencia y estos no le fueron validados, “estamos reclamando a Vega Arroyo lo que nos pertenece, porque Centro de Atención a Víctimas fue creado para atender a víctimas”.
“En el plantón somos todos, ahí hay más víctimas (…) yo no las he obligado, se han ido al plantón a buscar ayuda (…) se ha unido gente que yo no les he pedido que vengan porque yo no tengo información confidencial (…) no soy una sola (…) los invito a que vayan y pregunten de qué se trata su caso, no se trata nada más de acusar”.
Por su parte, el abogado de María de Jesús Almendárez Prieto, Tomás Coronado Zárate, detalló que la reparación del daño solicitada por su clienta asciende a un millón 836 mil 214 pesos, suma de los gastos por medicamentos, consultas, pago de honorarios y un préstamo solicitado a la Dirección de Pensiones para solventar los costos del proceso.
“Yo fui víctima, ahora busco mi reparación del daño y la tengo acreditada (…) creo que todos buscaríamos el pago del daño (…) No quiero hacerme rica, créemelo, pero sí lo que he gastado”, concluyó la víctima.
apl
