San Luis Potosí.- Al poniente de la capital potosina aún quedan huellas de la tragedia que marcó uno de los episodios más oscuros de la vida nocturna en San Luis Potosí, el desplome de un vidrio barandal en el bar “Rich” que cobró la vida de dos jóvenes, Manuel de 21 años y Roy de 17 y que también dejó 8 heridos más, 2 de ellos con secuelas de por vida.
A 12 meses de la tragedia, la plaza Alttus intenta operar con “normalidad”; sin embargo, la sombra por la muerte de dos jóvenes sigue ahí. Las escaleras están selladas con cinta amarilla que advierte que está prohibido el paso al tercer nivel y en la parte más alta, justo donde aquella noche 7 de junio no cabía ni un joven más, está el "Rich” con sellos de clausura en las puertas.
En el angosto pasillo hay trabajadores que dan mantenimiento e intentan arreglar los “desperfetctos” que son visibles desde hace un año. Son más de cinco metros sin el cristal que colapsó y que, hasta el día de hoy, no ha sido repuesto.
En la planta baja, conos y cinta con la leyenda de “prohibido el paso” enmarcan el lugar donde se impactaron desde una altura de 12 metros los jóvenes que esa noche solo buscaban pasar un rato entre amigos y divertirse.
La actividad comercial prácticamente quedó sepultada junto a la tragedia de esa noche en la que el influencer Kevin Moreno causó sensación y reunió en un limitado espacio a más de 500 jóvenes, en su mayoría menores de edad. Personal de la plaza narran a EL UNIVERSAL San Luis Potosí que el lugar no ha logrado “reponerse de las muertes”, y consideran que difícilmente lo hará.
“La gente no viene... los negocios cierran porque la gente no viene porque saben que aquí se murieron los muchachos”, dicen. Y los pocos usuarios que acuden a los comercios sobrevivientes (una cafetería y sucursales bancarias) deben encarar la cruda imagen que revive la escena donde Roy y Meño murieron.
Lejos de esas huellas palpables, están las que aunque no se ven, duelen más, esas que desde ese 7 de junio marcaron a las familias Infante y Espinoza que hoy intentan sobrellevar cada día la ausencia de Manuel y de Roy y que, al mismo tiempo, claman justicia porque aquello “no fue un accidente", fueron omisiones que como consecuencia acabaron con los sueños y vida de sus hijos.
Ramón Infante, padre de “Meño” -como lo llamaban sus amigos-, en entrevista con EL UNIVERSAL San Luis Potosí comparte que ha sido un año en el que “cada día ha costado lidiar” con que su hijo ya no está, y aunque desde el 17 de junio se capturó y permanecen en prisión tres personas (Nancy “N”, Francisco “N” y Ulises “N”) señaladas como presuntos responsables al ser los dueños y administradores de este bar que operaba con un permiso de restaurante, los verdaderos responsables siguen sin ser llamados por la justicia para “seguir cubriendo la cloaca” de corrupción que predomina en la vida nocturna de la entidad.
“Los únicos a los que se han llevado es únicamente a estos tres imputados, hoy acusados, pero los verdaderos responsables siguen aún fuera y algunos todavía en oficina, que realmente el día que sucedió la tragedia debieron de haberse separado del cargo para dejar que se hicieran las investigaciones correctamente”, comenta el padre.
A un año de la muerte de Roy y Meño aún no existe sentencia en la primera de las carpetas de investigación en torno a este caso. Nancy “N”, Francisco “N” y Ulises “N” fueron capturados en Michoacán 10 días después de la tragedia, el 23 fueron vinculados y actualmente están en medio del proceso penal que se encuentra en la fase intermedia, luego de que fue desechada la solicitud de un juicio abreviado.
Don Ramón relata que es imperante que se lleve ante la justicia a aquellos funcionarios de Protección Civil, Coepris, Comercio y Gobernación que por las omisiones permitieron que el antro Rich abriera sus puertas bajo “la pantalla” de restaurante cuando en el sitio “no se encontró ni un solo vegetal, únicamente alcohol”, pues asevera que era un lugar que “a todas luces operaba bajo la venia de las autoridades estatales y municipales”.
“No tienen por qué estar ya en el cargo, ante esta tragedia y después de haber firmado los permisos municipio, estado, Gobernación y Protección Civil. Ya que se dejen de simulación…Estos cuatro órganos gubernamentales son completamente responsables, y deben de asumir esto que fue una comisión por omisión”.
En palabras del padre de Roy, esta comprobado que el Rich “no tenía los permisos adecuados y la autoridad lo sabía, y nunca se suspendió, nunca se clausuró, nunca la autoridad hizo nada para evitarlo. No había Protección Civil, Comercio del Ayuntamiento, Gobernación por la venta de vinos tampoco, todo lo que se tenía que hacer mal para que funcionara un negocio, ahí estaba pasando”.
Fue hasta tres meses después, en septiembre del 2024 ante la exigencia social y de los padres de las víctimas, cuando el Ayuntamiento determinó separar del cargo (de seis a 12 meses) a cuatro funcionarios de la Direccion de Domercio en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas: director de Comercio, subdirector de Comercio, coordinadora de Actividades Comerciales y el jefe de inspectores.
“Está la gente que sancionó laxamente el alcalde Enrique Galindo, que en este caso fueron cuatro personas, faltan más, falta quien ocupaba el cargo como interino en la presidencia, Daniela Cid”, quien, a pesar que en ese entonces tenía la investidura de alcaldesa, permaneció en silencio por casi 24 horas.
“Mi mayor maestro de la vida, ya no está y aún después de ella (de la vida) me sigue dando lecciones”, detalla don Ramón con voz entre cortada mientras recuerda a su hijo Manuel, de 21 años, que acudió al antro Rich como parte de un festejo entre amigos, y añade que “solo quería divertirse un rato como lo hacen los jóvenes”, pues trabajaba en el negocio familiar y debía levantarse a las 5:30 de la mañana del día siguiente.
“Como familia estamos tratando de reinventarnos en una resiliencia total y honrando la memoria de él y y luchando porque en nombre de esa memoria se se haga justicia que no sea en vano la falta tanto de Roy como de Manuel, como las secuelas que tiene Luca, como las secuelas que tiene Isabela y para proteger a las y los jóvenes que quieren y tienen derecho a salir a divertirse sin riesgos”, lamentan.
Meño era ciclista de alto rendimiento y cursaba el último semestre de la Licenciatura en Contaduría. En noviembre pasado su título fue entregado a sus padres en la que sería su ceremonia de graduación.
Para la familia Espinoza, el dolor, la tristeza y la rabia por la ausencia de justicia continúan ensombreciendo la muerte de Roy.
“Una familia totalmente destrozada donde la tristeza abunda, la vida nos cambió totalmente… es un dolor que no tiene nombre y lo peor es que cuando son tragedias que se pudieron haber evitado más rabia da”.
Además de la muerte de Roy y Meño, otros ocho jóvenes más cayeron desde el tercer nivel, entre ellos, Isabella y Luca, quienes a consecuencia del impacto tienen secuelas de por vida.
Luca, un joven Francés y uno de los mejores amigos de Meño, estaba esa noche también en el Rich, cayó junto a su amigo y actualmente enfrenta inmovilidad en diversas extremidades tras la caída; el shock emocional no fue menor y optó por dejar atrás a México.
Isabella, de 17 años, también se encontraba esa noche en el “antro de moda”, la caída para ella fue brutal. Tras varias semanas luchando por su vida, al paso de los meses logró abandonar el hospital; sin embargo, no de forma definitiva, pues en un año ha sido sometida a 15 cirugías de 17 distintas especialidades, y su alta no ha sido aún dada puesto que el daño es irreversible.
Aunado a esto, Isabella y su familia se han encontrado con la revictimización e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encabezada por Miguel Ángel García Amaro, pues este organismo dispuso un fondo para las víctimas del caso; sin embargo, no ha otorgado a la familia de la joven los documentos de prueba, expedientes y dictámenes para dar constancia de la condición médica que presenta para que así la carpeta de investigación siga su curso.
A unos días de que se cumpla un año de la tragedia, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, orillado por la insistente exigencia de los padres de las víctimas, finalmente en sesión de Cabildo aprobó modificar el reglamento de comercio para avalar cancelar de forma definitiva las licencias a los establecimientos que permitan el ingreso a menores; sin embargo, Ramón Infante sentenció que una vez más se trata de “una simulación y un reglamento a modo para continuar con la corrupción”.
Familiares y amigos de Roy y Meño se reunirán este día para orar por la memoria de ambos jóvenes y para elevar una nueva oración pidiendo que su muerte no quede impune.