El sector del entretenimiento en la capital potosina atraviesa uno de sus momentos más complejos.
Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, advirtió que tan sólo en el último trimestre de 2025 se registró el cierre de 24 establecimientos del giro, cifra que se incrementó de manera acelerada al inicio de 2026.
De acuerdo con el dirigente empresarial, entre septiembre y el último día de diciembre del año pasado se documentaron la mayoría de los cierres, mientras que únicamente entre diciembre y enero se sumaron siete negocios más que dejaron de operar.
Esta tendencia, dijo, refleja una presión financiera constante que ha complicado la permanencia de bares, antros y centros nocturnos en la ciudad.
Pinto Madrid explicó que uno de los principales factores que ha golpeado al sector es el encarecimiento generalizado de los costos de operación.
El incremento en los precios de insumos y materias primas, combinado con el alza en las rentas comerciales, ha colocado a San Luis Potosí entre las ciudades con mayores costos de alquiler en comparación con otras entidades del país.
Detalló que, en zonas de perfil económico medio o medio-bajo, las rentas mensuales pueden oscilar entre los 12 mil y los 25 mil pesos, mientras que en áreas de nivel medio-alto los costos se elevan considerablemente, alcanzando montos que van desde los 45 mil hasta los 250 mil o incluso 300 mil pesos mensuales, especialmente en espacios amplios como los que requiere este tipo de negocios.
En cuanto a la ubicación de los establecimientos, el representante del gremio señaló que los centros de entretenimiento se concentran principalmente en corredores comerciales bien definidos, como el de Chapultepec-Himalaya, Lomas, que abarca vialidades como Sierra Leona.
Añadió que avenidas como Carranza y el Centro Histórico continúan siendo atractivas para los empresarios, particularmente por su flujo turístico y su concentración geográfica, pese a las restricciones de aforo.
Respecto a los temas de seguridad, Pinto Madrid subrayó que los negocios cuentan con personal de seguridad privada debidamente certificado por la Secretaría de Seguridad del Estado, encargado exclusivamente del resguardo al interior de los establecimientos.
Sin embargo, aclaró que una vez que los clientes salen a la vía pública, la responsabilidad recae en las autoridades, ya que los empresarios no pueden intervenir fuera de sus instalaciones.
Indicó que ante situaciones que se presentan en la calle, la obligación de los establecimientos es dar aviso a las instancias correspondientes para que sean atendidas conforme a los protocolos de seguridad pública.
En ese sentido, rechazó generalizar hechos aislados que han circulado en redes sociales y que actualmente se encuentran bajo investigación.
Finalmente, destacó que el gremio mantiene coordinación con autoridades municipales y estatales para la implementación de operativos conjuntos, especialmente en horarios de mayor afluencia y durante los desalojos.
Estos se realizan de manera escalonada, entre las 2:00 y las 3:00 de la mañana, con el objetivo de evitar que todos los asistentes salgan al mismo tiempo y reducir riesgos en los corredores comerciales de la ciudad.