El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) está reclamando que el Gobierno del Estado le reintegre alrededor de 430 millones de pesos que la entidad federal entregó a la administración anterior para llevar a cabo la primera etapa de la entonces llamada Red Metro (hoy MetroRed) que finalmente nunca se ejecutó, así lo confirmaron tanto el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, como el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El gobernador potosino arremetió de nueva cuenta en contra de la administración pasada y lamentó que justamente este tipo de cuestiones son a las que llama “herencia maldita”.
Se trata, dijo, de 350 millones de pesos que entregó esta financiera del Gobierno de México al gobierno de Juan Manuel Carreras López para realizar el proyecto, pero que nunca realizaron ni tampoco reintegraron el recurso, a esto se le suman unos 80 millones de pesos por temas de intereses y otros accesorios.
Gallardo Cardona consideró que es muy injusto que la actual administración, que fue la que rescató el proyecto, tenga que pagar por la corrupción del gobierno anterior y urgió a las autoridades de justicia para que den celeridad en contra de los exfuncionarios responsables para que ellos sean los que a manera de reparación del daño reintegren este recurso.
Recordó que finalmente el actual gobierno que dirige ya ha puesto en marcha dos líneas de MetroRed en la zona metropolitana de la capital potosina, mismas que ya han movilizado a unas 12 millones de personas a la fecha.
Por su parte el secretario General, J. Guadalupe Torres Sánchez explicó que actualmente hay una persona procesada como lo es el exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de la “herencia maldita”, un ex diputado de la anterior legislatura, y también hay un funcionario de la actual administración de la capital potosina que estuvo en el gobierno estatal anterior que de igual forma está llamado a rendir cuentas además de otros más incluso el exgobernador Juan Manuel Carreras López quien tendría su grado de responsabilidad.
Indicó que la petición es a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que apriete en las investigaciones y que, en su momento, el Poder Judicial del Estado resuelva conforme a derecho, puesto que lo justo sería que estos ex funcionarios paguen este recurso a manera de reparación del daño y no el pueblo potosino.
"A final de cuentas estos ex funcionarios son los que causaron este posible desfalco", acusó.