La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí (SCT), Araceli Martínez Acosta, calificó como inadmisibles los hechos protagonizados por un grupo de taxistas durante una manifestación en días pasados en la plaza de Fundadores, donde se fueron a los golpes con operadores de vehículos de diferentes plataformas, al considerar que recurrieron a acciones fuera de la ley, al intentar intervenir por cuenta propia en la detención de unidades.

La funcionaria subrayó que ninguna persona o agrupación puede asumir funciones que corresponden exclusivamente a la autoridad y señaló que este tipo de conductas suelen derivar del desconocimiento de los procedimientos legales establecidos.

En ese sentido, enfatizó que cualquier acción debe apegarse estrictamente a lo que marca la normativa vigente, respetando en todo momento los derechos de terceros.

Explicó que, desde la dependencia a su cargo, se realizan operativos de revisión y aseguramiento de vehículos que no cuentan con autorización para prestar servicio, sin importar si se trata de plataformas digitales u otras modalidades.

No obstante, Araceli Martínez aclaró que estas acciones siempre se llevan a cabo bajo protocolos formales y con respeto a los derechos humanos.

Indicó que el grupo involucrado en el incidente es reducido, integrado por entre 15 y 20 personas que, aseguró, y que se ostentan como representantes del gremio, aunque no reflejan a la totalidad del sector.

Ya hay denuncias ante la Fiscalía

Ante lo ocurrido, la funcionaria informó que ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación conforme a la ley.

Añadió que la dependencia a su cargo dará seguimiento a estos procesos y actuará en función de los resultados.

Asimismo, precisó que no es facultad de la Secretaría detener a personas, ni privarlas de su libertad, aun cuando se presuma la comisión de una falta, ya que ello implicaría incurrir en actos ilegales.

Por el contrario, la secretaria reiteró que su papel es administrativo, centrado en la inspección y regulación del servicio.

La funcionaria también dio a conocer que las personas afectadas por estos hechos ya han acudido a presentar sus denuncias, lo que permitirá avanzar en las investigaciones.

Habrá sanciones por los hechos de violencia

Señaló que las unidades y participantes involucrados han sido identificados, lo que facilitará la aplicación de las sanciones correspondientes.

En ese sentido, Araceli Martínez advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos, la ley contempla la cancelación de concesiones, lo que podría derivar en la reasignación de estos permisos a otros interesados en operar dentro del marco legal.

Detalló que, de manera preliminar, se ha identificado la participación de al menos tres o cuatro concesionarios en el incidente.

Finalmente, destacó la necesidad de fortalecer la coordinación con autoridades de seguridad pública, al ser estas las encargadas de intervenir como primeros respondientes ante hechos de esta naturaleza y reiteró que no se permitirá que particulares realicen acciones que corresponden únicamente a las instituciones.

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