Luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí dio de baja a cuatro funcionarios, incluyendo al director de Comercio, por su responsabilidad en el caso de la tragedia en el antro “Rich”, la fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, refirió que estas personas no están detenidas; sin embargo, refirió que es una investigación que no está concluida y se estaría indagando su eventual responsabilidad penal.
La fiscal recaló que lo que hizo el Ayuntamiento es un tema meramente administrativo, no penal.
“Tuvimos el día de ayer una audiencia en donde el juez de control concedió la ampliación de tres meses más para la investigación complementaria y nosotros seguimos en la investigación, se han pedido diversos oficios incluyendo al municipio de la capital”, detalló.
Cuestionada sobre si la determinación de responsabilidad administrativa contra estos funcionarios, dictaminada por el municipio, sirve como indicio en el caso para establecer su responsabilidad penal, García Cázares indicó que es algo que se tiene que definir, de ahí que se solicitó diversa información al municipio y una vez que se tenga, se podrá determinar la responsabilidad de estas mismas personas.
Asimismo, indicó que a los hoy exfuncionarios no se les había llamado a declarar aún. Solamente se pidieron los informes a través de oficios al municipio, pero con base en la última audiencia se le ha vuelto a dar vista al Ayuntamiento para que otorgue detalles sobre los procedimientos para la expedición de los permisos para este tipo de establecimientos.
Cabe recordar que fue la noche del pasado 7 de junio, cuando una decena de jóvenes cayeron desde un segundo piso en donde se encontraba el antro “Rich” en la Plaza Alttus al poniente de la capital potosina, luego de vencerse unos barandales ante la saturación de jóvenes que abarrotaban el lugar, lo que dejó como saldo dos personas muertas y otras más con heridas y secuelas de consideración.
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