Nueve colectivos realizaron una rodada por las calles de San Luis Potosí para recordar a las personas que han perdido la vida o resultado lesionadas en siniestros viales, además de exigir acciones para prevenir estos hechos y garantizar atención a las víctimas.
En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, el colectivo Pedaleando SLP solicitó al Congreso del Estado realizar la consulta a personas con discapacidad, paso pendiente para avanzar en la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ley Santi.
También, exigieron al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento capitalino emitir y publicar un protocolo de atención para las víctimas de siniestros viales y sus familias.
La organización señaló que, según registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, durante 2025 se contabilizaron 19 personas fallecidas y 303 lesionadas en hechos de tránsito en la capital potosina.
“Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia y una ausencia”, expresó el colectivo, que insistió en que las muertes por siniestros viales pueden prevenirse mediante calles seguras, control de velocidad y aplicación de la ley.
Además, recordó que las familias enfrentan hospitales, trámites y procesos ante ministerios públicos después de un siniestro, por lo que consideró necesario garantizarles información, orientación, atención médica y psicológica, privacidad y reparación integral del daño, derechos contemplados en el artículo 23 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Se trata de una iniciativa ciudadana impulsada por colectivos y el activista Josué Santiago, conocido como Santi, sobreviviente de un siniestro vial. Su objetivo es armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y establecer medidas para reducir las muertes y lesiones en las calles.
Entre sus propuestas destaca una jerarquía de movilidad que dé prioridad a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público por encima de los automóviles particulares. También, contempla un Sistema Estatal de Movilidad, comités ciudadanos, un Fondo de Víctimas e infraestructura segura.
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La iniciativa permaneció más de dos años sin avanzar. En mayo de 2026, el Tribunal Electoral del Estado determinó que el Congreso incurrió en una omisión y le ordenó emitir el dictamen correspondiente. Un mes después, autoridades estatales, legisladores y sociedad civil retomaron su trámite.
Con la rodada, los colectivos insistieron en que la memoria de las víctimas debe traducirse en cambios legales y medidas que eviten nuevas tragedias viales.