A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal de San Luis Potosí informó sobre el rescate de dos perritos en condiciones de maltrato animal, en una finca ubicada en el barrio de San Miguelito.
Los dos canes se encontraban afectados por deshidratación y desnutrición, por lo que tras un reporte ciudadano la SSPC en coordinación con la Dirección de Gestión Ecología y Manejo de Residuos fueron ubicados.
Uno de los prritos se encontraba en condiciones de desnutrición severa, por lo que permanecerá bajo tratamiento en la comandancia norte de la corporación de seguridad.
Durante el 2022 el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha recibido 26 denuncias por maltrato animal, de las cuales algunas canalizadas a la Fiscalía General del Estado para la apertura de carpetas de investigación por la gravedad de las agresiones, tres han procedido con sanciones contra los agresores o dueños, otras dos con proyecto de resolución. Mientras que el Ministerio público ha abierto cuatro carpetas de oficio por maltrato animal.
Luis Victor Hugo Salgado Méndez, síndico de la administración municipal de la capital, precisó que las denuncias por maltrato animal que han recibido y que han ido dando atención se han presentado en toda la ciudad, pero principalmente en la zona norte de San Luis Potosí, así como que el reporte más común es por maltrato contra perros que se encuentran en categoría de calle.
Precisó que aunque se está trabajando en dar resolución a los casos que les han reportado, al Ayuntamiento se les ha complicado el poder dar con el paradero de dueños o responsables para notificarles la sanción una vez que se ha confirmado el maltrato.
Salgado Méndez hizo un llamado a la ciudadania a continuar denunciando los casos de maltrato animal, además recordó que las y los agresores que incurren en este tipo de faltas, omisiones o agresiones pueden ser sancionados por la administración entre 100 a 500 UMAS dependiendo de la gravedad, así como que se les puede abrir un proceso penal ante la Fiscalía General del Estado por tratarse de un delito.