El vocero de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, admitió que a pesar de que es un mandamiento legal, sólo aproximadamente el 20 por ciento de las unidades del transporte público urbano de la zona metropolitana de la capital potosina cuentan con cámaras de videovigilancia que funcionan de manera efectiva, que ayudan a la prevención y a la persecución de los delitos que se presentan a bordo de las unidades.

“La instrucción a la SCT es coadyuvar con los permisionarios y los propios usuarios, para establecer estrategias para contrarrestar la inseguridad a bordo de las unidades, por ahora se mantiene una vigilancia continua y estrecha, pero tiene mucho que ver con la propia voluntad de los permisionarios”, comentó.

Dijo además que desafortunadamente es un porcentaje menor de las unidades las que cuentan con videocámaras totalmente funcionales “tal vez un 20 por ciento”, que pudieran coadyuvar a identificar hechos delictivos al interior del transporte, pero se trata de darle la vuelta y cueste lo que tenga que costar todas las unidades cuenten con equipos funcionales.

Gallegos Cepeda, añadió que definitivamente la responsabilidad de mantenerlas en funcionamiento son los propios permisionarios de acuerdo a lo que marca la ley, sin embargo, han sucedido otras cosas como el hecho de que no eran compatibles con el C4 o que fueron vandalizadas y en muchos casos por parte de los propios usuarios.

Finalmente, insistió en que los dueños de cada unidad son los que tendrán que aportar el recurso financiero para la sustitución de las cámaras y en general para el mantenimiento de las mismas, puesto que la ley así lo establece.

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