Ante el aumento de la tarifa de los camiones urbanos en la capital de San Luis Potosí el colectivo Praxis Combativa señaló que este va en contra de lo establecido por la Ley de Transporte, pues en el artículo 2 indica que el servicio de transporte público en la entidad deberá sustentarse en los principios de movilidad sustentable, eficiencia de gestión, calidad de servicio y formación del elemento humano con perspectiva de género.
“Esta normativa establece los principios que los concesionarios deben seguir para operar (…) Además, el artículo 670 detalla los estándares de calidad del servicio, como la restricción de la antigüedad de las unidades a 10 años, la instalación de sistemas de seguridad para el usuario, límites de velocidad, entre otras condiciones que, en muchos casos, no son cumplidas por los concesionarios”, señalaron en un comunicado.
En rueda de prensa, David Medrano, integrante del colectivo señaló que los concesionarios no ven el servicio de transporte como un derecho, sino como un negocio y que, por lo mismo, no buscan que el servicio mejore para el usuario.
“Es una mala práctica que se tiene que terminar, porque ellos no ven el servicio de transporte como un derecho humano. Hay que recordar que nuestra Constitución Federal se modificó a raíz de la 4T para que existiera el derecho a la movilidad de todos los mexicanos y mexicanas y en ese sentido los concesionarios no ven el servicio de transporte como un derecho, lo ven como un negocio.”
Por esto mismo, invitaron a evitar el aumento progresivo de las tarifas al proponer estrategias de transporte como las de la Metro Red, que ha resultado bien aceptado en la ciudadanía, puesto que es una opción más rápida, limpia y barata que los camiones urbanos.
Asimismo, han presentado solicitudes vía transparencia ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para conocer el estado actual de las concesiones y unidades, para asegurarse de que cumplan con lo establecido por la ley mencionada.
“Lo que necesitamos ahorita es que la Secretaría no le incremente la tarifa a esos que no cumplen y eso sí les va a doler y los va a obligar a mejorar el servicio, pero no olvidar de fondo que nuestra propuesta a largo plazo… si tenemos el ejemplo de MetroRed, ¿por qué no aminorar el número de concesionarios y ampliar ese tipo ese esquema de servicio que se ha administrado directamente por el estado? Porque entonces el Estado está obligado a prestarlo como un derecho y no manejarlo como un negocio, ahí es donde va a ver el conflicto.”
