Con la exigencia de frenar la operación de vehículos particulares que ofrecen transporte mediante plataformas digitales, taxistas se manifestaron sobre avenida Muñoz, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al denunciar que la competencia ha reducido sus ingresos en más de 70 por ciento.
Un integrante del grupo Moviendo San Luis Potosí, sostuvo que el gremio lleva entre seis y siete años solicitando la intervención del gobierno estatal para retirar las unidades que, desde su perspectiva, trabajan al margen de la ley.
Acusó que existen más de 30 mil vehículos particulares prestando este servicio sin contar con el registro o los permisos que considera necesarios.
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El representante señaló que los taxistas deben cubrir impuestos, refrendos anuales y gastos de capacitación, además de desembolsar entre seis mil y siete mil pesos para renovar su licencia, mientras que, aseguró, los conductores de plataformas pueden operar con licencias particulares.
Por ello, reclamó que las autoridades no han garantizado condiciones equitativas para ambos sectores.
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Así mismo afirmó que hace aproximadamente 15 días sostuvieron una reunión con autoridades y que incluso existe una minuta firmada por el secretario general de Gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General del Estado, en la que se establecieron compromisos para intervenir contra el transporte que consideran irregular.
Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han observado resultados concretos y que los encuentros se han limitado a mesas de trabajo sin soluciones.
El taxista argumentó que la disminución de sus ingresos se refleja en la cantidad de unidades que permanecen formadas en espera de pasajeros, una situación que, dijo, anteriormente era menos frecuente.
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También pidió a la ciudadanía comprender las manifestaciones y dirigió su reclamo a las autoridades, al considerar que es responsabilidad de estas hacer cumplir la normativa.

Advirtió que mantendrán sus exigencias hasta obtener una respuesta y reiteró que no se oponen a que las plataformas operen, siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes.
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