Tras las declaraciones del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, donde indicó que las obras de rehabilitación del barrio San Miguelito podrían llevarse hacia donde la gente las quiera y que "no piensa pelearse con los vecinos ni con nadie", la Comisión de Vecinas y Vecinos del Barrio lanzó un comunicado donde explicitaron que lamentaron el hecho de tener que llegar a un amparo para ser escuchados y reiteraron que sí quieren y necesitan las obras.

Para esto, invitaron a las autoridades a un "diálogo cordial" para que se presente el proyecto y que este cumpla con la normativa y el interés colectivo: “Nuestro posicionamiento es que SI se realicen las obras CON apego a la ley y presentando los permisos y licencias correspondientes. Invitamos a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno a construir con el diálogo en lugar de con la agresión, la amenaza y el chantaje (sic)".

Asimismo, indicaron que el amparo que interpusieron es claro, pues este se retirará cuando las autoridades competentes presenten el proyecto completo, con los permisos y licencias correspondientes.


Además, señalaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas (Seduvop) se había comprometido a varios lineamientos con las y los vecinos, los cuales se incumplieron, tales como que el proyecto incluyera drenaje y tuberías de agua potable, y que no retirarían las banquetas porque se afectaría a las personas discapacitadas, adultos mayores, tiendas y clínicas de salud.

Encima, denunciaron que se incumplió el compromiso de que se continuaría trabajando en la obra cuando se realizara el trámite correspondiente ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que retirarían el adoquín de forma adecuada, así como que la Seduvop presentó dos planos simples, pero no un proyecto integral, como habían pedido.

Por estas cuestiones, hicieron un llamado urgente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que visite a las y los vecinos del barrio que han sido afectados en cuanto a la falta de servicios, así como a las autoridades a acreditar los permisos correspondientes y cumplir con todos los requisitos legales que este proyecto implica.


“Reiteramos que sí queremos y necesitamos las obras, pero queremos obras bien hechas, conforme a la ley, con transparencia y con garantías de calidad", finalizaron.

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