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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó este sábado bajo custodia policial a Sao Paulo para asistir a las exequias de su nieto Arthur, tras obtener un permiso de salida de la prisión de Curitiba (sur) donde purga una pena de más de 12 años de cárcel.
El exmandatario de izquierda (2003-2010) aterrizó en el aeropuerto de Congonhas hacia las 08H45 locales (11H45 GMT), en una avioneta del gobierno del estado de Paraná, al que pertenece Curitiba, confirmaron sus allegados.
Lula, de 73 años, asistirá a las exequias de Arthur, fallecido el viernes a los 7 años de edad de una meningitis. La ceremonia debe llevarse a cabo hacia el mediodía en el cementerio La Colina, en Sao Bernardo, en las afueras de Sao Paulo. Según la prensa, el cuerpo del pequeño será cremado.
Un amplio dispositivo de seguridad le espera en el cementerio, donde familiares y allegados llevan horas velando el cuerpo del niño. También acudieron representantes de la izquierda brasileña y del Partido de los Trabajadores, como la expresidenta Dilma Rousseff, que llegó en la mañana.
Esta es la segunda vez que Lula sale de la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga desde el pasado 7 de abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero
La primera fue en noviembre, cuando fue llevado a prestar declaración ante un tribunal de primera instancia de Curitiba, en una causa por la que fue condenado el mes pasado a otros 12 años y 11 meses de cárcel
Lula "está muy triste, dice que nunca esperó una noticia como esta; dijo que debería estar prohibido que un padre entierre a su hijo, que un abuelo entierre a su nieto", contó la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, que lo visitó el viernes.
Arthur, cuyo padre es Sandro Luis Lula da Silva (uno de los cinco hijos de Lula), había visitado en dos ocasiones a su abuelo en la cárcel.
A finales de enero, Lula no pudo asistir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, porque la Justicia le otorgó un permiso a última hora, cuando ya se estaba llevando a cabo el funeral.
"No dejaron que me despidiese de Vavá por pura maldad", dijo Lula en esa ocasión.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, consideró "absurdo" que la justicia autorice la salida de Lula.
"Lula es un preso común y debería estar en un presidio común. ¿Cuando el pariente de otro preso muera, también será escoltado por la PF [Policía Federal] para el entierro? Absurdo imaginar eso, [que] deja al ratero en evidencia haciéndose pasar por pobrecillo", escribió el viernes en Twitter.
Ese mensaje desató una ola de críticas, incluso entre seguidores del legislador de 34 años, uno de los tres hijos de Bolsonaro dedicados a la política.
El diputado matizó sus palabras la mañana del sábado, explicando que era contrario a la salida de Lula por una cuestión de "igualdad con los demás presos", pero que la muerte del niño era un hecho "lamentable e indeseable", que "no depende de ideología".
Otros adversarios políticos del líder izquierdista le manifestaron en cambio su apoyo afectivo.
"Mi total solidaridad con el expresidente Lula y su familia en este momento tan difícil. Soy padre de cinco hijos, me imagino el dolor profundo de una pérdida tan precoz", tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Democratas (DEM, derecha).
Lula encadenó una serie de tragedias personales y reveses políticos y judiciales, desde el fallecimiento de su esposa Marisa Leticia en febrero de 2017 hasta la muerte de su nieto, pasando por su encarcelamiento y la derrota de su delfín Fernando Haddad en las presidenciales del año pasado, frente a Bolsonaro.
Lula fue autorizado a salir en aplicación de una ley que permite a los presos visitar a parientes cercanos gravemente enfermos o asistir a sus funerales.
El exlíder sindical fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a una constructora en contratos con Petrobras.
Y en febrero fue sentenciado a 12 años y 11 meses por un tribunal de primera instancia, por reformas en una hacienda del interior de Sao Paulo ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio igualmente de su mediación para obtener contratos en la petrolera estatal.
El exmandatario responde a otros procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una conspiración para impedirle volver al poder.
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