Cinco demandas interpuestas en cortes de Estados Unidosargumentan que los migrantes alojados en centros privados de detención son ilegalmente obligados a trabajar como esclavos, a menudo sin compensación o con un pago de un dólar al día.
De acuerdo con la Clínica de Investigación sobre la Deportación, de la Northwestern University, personas detenidas en estas instalaciones realizan casi todo el trabajo necesario para mantener estos centros en funcionamiento, fuera del servicio que realizan los guardias de seguridad.
Esas labores incluyen cocinar, servir y limpiar alimentos, tareas de limpieza, lavandería, corte de cabello, pintura, pulir pisos e incluso el mantenimiento de vehículos.
En un artículo publicado este jueves en el diario "The New York Times" por Jacqueline Stevens, directora de la Clínica de Investigación sobre la Deportación, titulado “Cuando los migrantes son tratados como esclavos”, las demandas en las cortes apuntan a la ilegalidad de esta práctica.
Las cinco demandas son dirigidas contra las empresas de detención más grandes de Estados Unidos, GEO y CoreCivic oCCA, y argumentan que el trabajo forzado y los turnos de ocho horas por nula o poca paga violan numerosas leyes.
Las demandas señalan que las compañías violan las leyes estatales de salario mínimo, la Ley de Protección de las Víctimas de Trata y las leyes que prohíben el enriquecimiento injusto.
De acuerdo con Stevens, los demandantes tienen un caso muy poderoso debido a que, pese a que la Constitución permite el trabajo forzado como una condición del castigo, la Corte Suprema determinó que las órdenes de deportación no representan un castigo.
Así, los centros de detención de inmigrantes no pueden servirse del trabajo forzado, a diferencia de algunas prisiones que lo emplean como castigo.
Por su parte, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, una agencia oficial bipartidista encargada de asesorar al presidente y al Congreso, emitió en diciembre pasado una recomendación para “investigar presuntas prácticas laborales abusivas en centros de detención de inmigrantes”.
La Comisión también llamó a que el Congreso y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que exigieran “salarios justos para todos los detenidos”.
Destacó que el llamado “Programa de trabajo voluntario” adoptado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) considera la compensación de un dólar al día, aunque este salario no ha sido revisado en más de 70 años.
La Comisión también resaltó que pese a que el programa es supuestamente voluntario, “detenidos en numerosas instalaciones han argumentado que han sido obligados a trabajar bajo amenaza de ser restringidos o sometidos a confinamiento solitario”.
En uno de los casos, radicado en una corte del estado de Colorado, uno de los abogados de la empresa GEO defendió el programa de trabajo al explicar que los inmigrantes detenidos “toman cada vez una decisión respecto a si van a aceptar trabajar o no”.
El juez del caso intervino ante tal argumento apuntando que la alternativa que le ofrecían a un detenido que no quería trabajar era privarlo de sus alimentos o ponerlo en aislamiento solitario. Añadió: “quiero decir: los esclavos tenían una opción, ¿verdad?”.