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El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría enfrentar demandas por despedir a través de Twitter a unos 400 empleados del Gobierno, lo que los afectados dicen que vulneraría una ley de salarios aprobada por el Congreso.
A través de una serie de mensajes de Twitter, el mandatario ha interpelado directamente a ministros y funcionarios para que despidan a 13 familiares del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y de otros líderes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Se ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores @CancillerAleHT, remover de su cargo como Ministra Consejera en Alemania, a Lizeth Olivo Urías, hija de Julio Olivo, Presidente del TSE, con un salario de $3,090 mensuales", escribió en uno de muchos tuits de despido.
"De inmediato Presidente", respondió por la misma vía su canciller Alexandra Hill.
Bukele ordenó la eliminación de cinco secretarías de la Presidencia, por lo que sus trabajadores fueron notificados de forma sorpresiva y pública de la suspensión de sus plazas en las áreas de transparencia, gobernabilidad y vulnerabilidad.
"Queda claro que la extinta 'Secretaría de Transparencia' no servía para NADA. Más que como parte de la 'Fábrica de Empleos', claro", tuiteó el mandatario la noche del miércoles a sus más de 700 mil seguidores.
También dio órdenes al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, de remover de su plaza a la directora general de Centros Intermedios, Irma Mejía.
“Entendido, señor presidente”, contestó Rivas.
Incluso ordenó a un YouTuber hacer mejores videos.
“Se le ordena a @Perxitaa que haga mejores videos en YouTube”, dijo en un tuit el mandatario salvadoreño.
“Ordéneme algo”, había dicho anteriormente el Youtuber.
Los exempleados dicen que Bukele y su equipo no han seguido el debido proceso de solicitarles a los diputados la supresión de los trabajos, que están incluidos en el presupuesto general.
"Mientras la Asamblea Legislativa no se pronuncie sobre los fundamentos de la supresión de las plazas, la presidencia de la República nos debe garantizar por escrito nuestro derecho al salario y prestaciones de ley", dijo a la prensa Helen Menjivar, extrabajadora de la Secretaría de Inclusión Social.
El Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (IDHUCA) avaló algunos despidos que, dijo, reflejan nepotismo del gobierno anterior, pero sostuvo que en los despidos masivos se podrían estar cometiendo ilegalidades.
Los empleados despedidos evalúan presentar un amparo ante el máximo tribunal jurisdiccional del país, luego de revisar caso por caso y exponer las capacidades y méritos de los empleados.
