Más Información
San José.- Más allá de la verdadera condición de salud del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuya desaparición de la escena pública derivó en una oleada de noticias sin confirmar que incluyeron el anuncio de su supuesta muerte o que se había contagiado de coronavirus, los nicaragüenses viven un dilema humanitario ante el calvario de la pandemia del Covid-19.
Nicaragua, que el próximo 18 de abril cumplirá dos años de estar hundida en su peor crisis política e institucional del siglo XXI y en la más grave desde 1990, quedó expuesta a un ataque severo de la enfermedad por la decisión de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de abstenerse de emular al resto del continente y adoptar medidas sanitarias extremas de urgencia para enfrentarse al virus.
“Estamos viviendo una situación completamente inédita y perversa”, narró la nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ilegalizado por Ortega en 2018, y una de las más influyentes y prestigiosas voces de denuncia y reclamo en Nicaragua.
“La situación rebasa los límites de cualquier calificación violatoria de los derechos humanos. El gobierno mantiene un absoluto secretismo. El manejo del coronavirus es irracional y contradice las orientaciones internacionales”, añadió Núñez, al advertir en una entrevista con EL UNIVERSAL que el impacto real de la pandemia en Nicaragua es un misterio.
“En la información [del gobierno sobre el Covid-19] hay un esfuerzo por buscar echarle la culpa a Estados Unidos de cualquier contaminación. Hay énfasis en que ‘no hay’ contagio interno y comunitario, sino que [los casos] vinieron de EU, como para decir que EU es la fuente del mal”, agregó.
Acumulada por más de 10 años de pugnas sociopolíticas, la crisis de Nicaragua se agravó con un brote de repudio antigubernamental en abril de 2018 por una reforma a la seguridad social que detonó en reclamo de democracia, agudizó la ingobernabilidad y las tensiones Washington-Managua y profundizó el deterioro en centros de salud.
Con la mayoría de polos turísticos todavía abiertos y sin restricciones, distintas instancias gubernamentales prosiguieron con los llamados a los nicaragüenses a que disfruten en normalidad en lugares públicos. El 19, el más importante medio digital oficialista, informó ayer que familias nicaragüenses “disfrutan” de playas y otros sitios en “un ambiente seguro y relajado” en Semana Santa.
Pero la dominiquesa Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reveló el pasado martes en una teleconferencia de prensa que esa institución planteó inquietudes al gobierno de Nicaragua por su respuesta a la pandemia.
“Tenemos preocupaciones en cuanto a la falta de distanciamiento social, las aglomeraciones masivas. Tenemos preocupaciones sobre las pruebas, el rastreo de contactos, sobre el reporte de casos. También nos preocupa sobre lo que vemos cómo inadecuado, en cuanto a control y prevención de la infección”, narró Etienne.
Ninguna fuente oficial dio una reacción a este periódico por ese y otros cuestionamientos.
De los seis pacientes confirmados de coronavirus en Nicaragua, uno murió, con dos recuperados y tres activos, reportó el gobierno nicaragüense ayer en la mañana.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), principal foro político y económico regional, precisó que mientras en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana hay estados de emergencia, excepción y calamidad o toques de queda, para combatir al Covid-19, en Nicaragua sólo hay “alerta nacional”. Una copia del reporte del SICA está en poder de este diario.
Por evitar aparecer en público desde hace casi un mes, Ortega y Murillo alimentaron la oleada de noticias sin confirmar sobre la salud de su núcleo familiar, aunque la vicepresidenta continuó con sus informes de audio y ayer aseguró que en Nicaragua hay “estricto cumplimiento” y “aplicación rigurosa” de la prevención frente al Covid-19.
