Estados Unidos acusó el lunes al presidente venezolano Nicolás Maduro, a altos funcionarios venezolanos y amilitares de ese país de robar del programa venezolano de distribución de alimentos y de beneficiarse de masivas operaciones de minería ilegal de oro.
Ambas acusaciones fueron hechas por Estados Unidos durante una reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de demostrar que en Venezuela existe una corrupción “insaciable” que ha empobrecido a millones y “desembocado en una crisis humanitaria”.
Un alto funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense y Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijeron que los líderes venezolanos sustituyen alimentos valorados y populares como la leche en polvo por otros de producción masiva y menos valor y luego venden esos productos más valorados en el mercado negro para quedarse con la diferencia.
También dijeron que el gobierno venezolano sobrepaga por comida que en realidad no cuesta tanto, vendiéndosela así a la gente y guardando lo restante.
“La corrupción a la escala de Venezuela es un crimen moral contra su pueblo. Pero también es un asunto de paz y seguridad internacional”, dijo Haley.
No hubo representantes venezolanos que hablaron en la reunión y funcionarios de la misión de Venezuela ante la ONU no comentaron al respecto.
Venezuela vive una compleja crisis económica y social. Más de 2,3 millones de personas, un 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país en los últimos tres años de acuerdo con cifras de la ONU. La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía de Venezuela podría cerrar el año con una inflación de hasta un millón por ciento.
Marshall Billingslea, vicesecretario del Departamento del Tesoro estadounidense, denunció durante la reunión del Consejo de Seguridad la supuesta corrupción ocurrida en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el sistema de distribución de alimentos promovido por el gobierno venezolano. También dijo que las operaciones de minería de oro que realiza el gobierno en el Orinoco son ilegales y contaminan el agua.
“Estamos muy interesados en saber adónde va el oro que se extrae de estas minas y cómo está llenando los bolsillos del régimen de Maduro”, dijo Billingslea.
Tanto el funcionario estadounidense como Haley pidieron a la comunidad internacional que deje de hacer cualquier tipo de negocio con Venezuela.
El periódico The New York Times reportó la semana pasada que funcionarios del gobierno de Donald Trump se reunieron en secreto el año pasado con rebeldes militares venezolanos para conversar sobre los planes de éstos para derrocar a Maduro. El diario citó a funcionarios estadounidenses anónimos y a un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones, y señaló que a la larga los estadounidenses decidieron no ayudar a los conspiradores.
Al ser cuestionada por estas supuestas reuniones secretas, Haley dijo el lunes por la mañana en la ONU a los medios de comunicación: “no es algo que estamos admitiendo”.
“No es sorprendente que Venezuela siga hablando de tantas cosas como pueda para distraer sobre lo que ocurre en el país cada día”, dijo la embajadora.
Haley, que este mes preside el Consejo de Seguridad, impulsó al organismo a hablar por primera vez sobre Venezuela en mayo del año pasado. La reunión informal del lunes usó el mecanismo de la “fórmula Arria”, a través del cual se invita a grupos civiles a participar en la reunión.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la corrupción en ese país, denunció que ésta existe en todos los niveles del gobierno.
“Se aprovecha de programas sociales e impacta a toda la región”, dijo De Freitas. “Ayúdenos a no quede impune”.