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Las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos llevaron a cabo la madrugada de ayer la que es considerada la mayor redada de la era Trump para detener a trabajadores inmigrantes indocumentados. Un total de 98 establecimientos de la franquicia de supermercados 7-Eleven, repartidos por 17 estados y la capital Washington, DC, fueron abordados por agentes federales para presentar anuncios de inspección y preguntar a empleadores y empleados sobre la situación legal de los trabajadores, así como si tenían permiso de trabajo.
Durante las redadas se detuvo a 21 personas, quienes fueron puestas a disposición de juzgados de inmigración para iniciar de forma expedita su proceso de deportación.
La investigación continúa abierta y se tiene previsto que se lleven a cabo más operativos hoy mismo.
Para el director interino del ICE, Thomas Homan, la actuación de su agencia es un “mensaje fuerte para los negocios que contraten y empleen trabajadores ilegales”.
Homan, una de las figuras más duras en la aplicación de las leyes antiinmigrantes en el gobierno de Donald Trump, hace meses aseguró que una de las prioridades de la actual administración sería la aplicación de mano dura contra las empresas que perjudiquen a la clase trabajadora estadounidense dando trabajo a inmigrantes indocumentados.
El pasado octubre, Homan ya había advertido que uno de los objetivos sería el escrutinio de la aplicación de leyes migratorias en las empresas “de forma muy seria”, con acciones y redadas aceleradas por “cuatro o cinco veces”, con foco no sólo en los propios inmigrantes sino también en los empleadores, los cuales podrían enfrentar multas e incluso la pérdida de la licencia de operación si se descubre que contrataron a personal sin papeles y eran conscientes de su situación irregular.
Las acciones de ayer responden claramente a este nuevo enfoque. “Las empresas que contratan trabajadores ilegales crean un efecto llamada a la inmigración ilegal, y estamos trabajando duro para eliminar este imán”, recordó el director interino del ICE.
La empresa 7-Eleven, que tiene más de 60 mil tiendas en todo el mundo (según su página web), dijo en un comunicado que su modelo empresarial a través de franquicias hace que cada encargado de negocio sea “el único responsable por sus empleados, incluyendo la decisión de contratar y verificar la elegibilidad para trabajar en Estados Unidos”.
Además de deslindarse de cualquier responsabilidad, la empresa aseguró que toma el cumplimiento de las leyes migratorias “de forma muy seria”, y aseguró que liquidará los contratos de todas aquellas franquicias que las incumplan.
Esta no es la primera vez que 7-Eleven está bajo la lupa de las fuerzas migratorias. Según explicó el propio ICE, en 2013 ya se hizo una investigación a algunas de sus franquicias, que terminó con la detención de nueve propietarios de tiendas quienes fueron acusados de fraude, robo de identidad, así como de dar albergue y contratar a inmigrantes indocumentados. En ese caso, trabajadores indocumentados fueron contratados con papeles falsos y se les pagaba menos del salario mínimo. Todos se declararon culpables.
La dureza de las políticas migratorias en EU se está notando especialmente en el interior del país con un aumento de las redadas y las detenciones de indocumentados. Con las cifras de arrestos en las fronteras en sus niveles más bajos de los últimos 45 años, según los datos publicados esta misma semana por ICE, las detenciones en territorio de EU han aumentado 42 pór ciento.
La fijación por las empresas tiene que ver con el renacimiento de la voluntad de varios congresistas de que las compañías apliquen de forma obligatoria el sistema denominado e-verify, ley que los obliga a comprobar que todos sus empleados disponen de los permisos de trabajo requeridos.
vkc
