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Sin un cambio sustancial en la más grave crisis socioeconómica, política e institucional de Venezuela del siglo XXI, en el corto plazo habrá un mayor flujo masivo de venezolanos de ambos sexos que serán atrapados por las redes internacionales de trata de personas con fines de explotación sexual comercial para ofrecerlas en prostíbulos, casas de citas, hoteles, cantinas y restaurantes en América Latina y el Caribe.
La advertencia fue planteada por el informe Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, difundido en Caracas, elaborado por las abogadas venezolanas Beatriz Borge y Lilian Aya en asociación con la embajada de Reino Unido en Venezuela y las organizaciones no estatales Paz Activa y Centro de Justicia y Paz.
“De no existir un cambio sustancial en la situación socioeconómica de Venezuela, mayor será la cantidad de ciudadanos que se hallarán en condiciones de engrosar el número de víctimas y victimarios de esta modalidad de crimen organizado y sus variantes”, alertó el estudio, del que EL UNIVERSAL obtuvo una copia.
“El caso de Venezuela supone además desafíos particulares agregados, al experimentar en la actualidad una inédita crisis humanitaria. En este sentido, uno de los aspectos que se debe revisar con detenimiento, es la migración masiva de venezolanos en los últimos años”, destacó, al subrayar que “abandonan el país por distintas razones”.
Entre las causas para migrar “resaltan la inseguridad personal, la incertidumbre política, el desempleo, la pobreza estructural y las dificultades para desarrollar la vida cotidiana [deterioro de los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas, entre otros], que hacen del exterior una opción de búsqueda de oportunidades. Esta situación puede acrecentar la vulnerabilidad de los ciudadanos a ser víctima de las distintas modalidades de esclavitud moderna, como la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niños”, agregó.
“Se sabe”, prosiguió, “que este es un delito del que mayoritariamente son víctimas las mujeres y niñas de escasos recursos, además de los grupos sociales minoritarios [población indígena y población transgénero], quienes resultan más afectados por la esclavitud moderna”.
El informe aseguró que “a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones sociales, religiosas e iniciativas individuales que desde la administración pública tratan de impulsar el tema, la trata de personas continúa no sólo presente en la sociedad venezolana, sino que tiende a complejizarse y extenderse como resultado del delicado contexto nacional”.
Escenario favorable. En una entrevista con este diario, Aya afirmó que “lamentablemente la situación de corrupción tan grande que existe en Venezuela está favoreciendo el comercio fundamentalmente de mujeres para la explotación sexual. No me cabe la menor duda”.
La crisis venezolana continuó agravándose en las últimas semanas con la advertencia de que recrudecerá luego de los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, con una victoria del oficialismo que prolongaría los conflictos y sin expectativas reales de un acuerdo para resolverlos o lograr una modificación sustancial del escenario.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se consolidó como favorito para triunfar con un sistema electoral controlado por el régimen chavista que se instaló desde febrero de 1999 y que recientemente, al reconfirmar su política de avanzar en la construcción del socialismo, reafirmó su voluntad de mantener el control del país frente al asedio de la derecha antichavista opositora.
En Colombia está el control del negocio, con centenares de venezolanas que emigraron a América Latina y el Caribe para convertirse en víctimas de la trata de personas para la explotación sexual comercial y quedaron acorraladas en una modalidad de la esclavitud moderna con la prostitución forzada, según reveló una investigación de EL UNIVERSAL.
Una mafia colombiana de paramilitares, microtraficantes de drogas y de armas, bandas criminales y policías, militares y oficiales de migración corruptos emergió hace varios años como pieza clave de una operación que atrapó a las venezolanas para prostituirlas principalmente en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Ecuador.
Las redes criminales aprovecharon que, ante la crisis política e institucional en Venezuela que se agudizó en los últimos años y atizó la migración incontrolable desde ese país, las venezolanas cayeron a condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Cumpliendo con los tres pasos de la trata —reclutamiento, movilización voluntaria, obligada o con engaño y explotación—, las cadenas mafiosas enrolaron a las venezolanas para tras-ladarlas en un primer viaje a Colombia. Desde suelo colombiano las enviaron dentro y fuera del país, a destinos como México, con falsas promesas sobre un supuesto éxito laboral y económico, pero que en realidad son centros de prostitución.
El problema de la prostitución de venezolanas causó dificultades en los últimos meses en México, por el asesinato de varias mujeres de esa nacionalidad en el ejercicio de su labor.
Sin respuesta. El informe precisó que Venezuela carece de una política pública para prevenir o responder al fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. No fue posible obtener una reacción del gobierno de Maduro a las denuncias planteadas por el estudio.
Al señalar la ausencia de políticas públicas, la investigación determinó que “adicionalmente, es imperativo encarar el deterioro de la calidad de vida del venezolano. Los factores de vulnerabilidad o de riesgo de la trata de personas en la sociedad venezolana actual tienen un pronóstico reservado, acercándose cada vez más a una condición de extrema gravedad”.
“Como se ha expresado en reiteradas ocasiones, el Estado venezolano no cuenta con una política pública que impulse acciones estratégicas para la prevención de este delito, incumpliendo acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República”, precisó.
Según el documento, el número de venezolanos de ambos sexos víctimas del negocio aumentó 300% en dos años, ya que de un recuento de 60 mil 900 que sufrieron trata de personas de 2014 a 2016 se pasó en 2018 a 198 mil 800 y la proyección es que, si el proceso “no se detiene”, en 2020 llegará a 600 mil, casi 2% de la totalidad de habitantes de Venezuela.
