La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés) denunció una política de mayor presión, por parte del gobierno de Donald Trump, para que sus integrantes decidan sobre los procesos a su cargo con más rapidez.
El sindicato presentó el pasado 8 de agosto una nota de reclamo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que depende del Departamento de Justicia, por lo que considera una “violación a la autoridad” de su posición en la corte. “El meollo de ser juez pasa por su habilidad de tomar decisiones sin que intervengan factores externos que traten de influir en su decisión”, dijo la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, quien despacha en Los Ángeles.
El presidente Donald Trump llegó al poder con un discurso antiinmigrante y Jeff Se-ssions, su fiscal general, anunció este año que se evaluaría a los jueces por la cantidad de casos que cierren al año. NAIJ introdujo una queja por esa medida, que ha sembrado “mucha ansiedad y preocupación”, señaló Tabaddor. “No se trata de una fábrica, procesamos casos complejos... y lo que está en riesgo es muy grande”, dijo la jueza Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la agrupación.
Un caso se dio en Filadelfia cuando al juez Steven Morley le reasignaron el caso de Reynaldo Castro-Tum, un guatemalteco quien cruzó la frontera en 2014 con 17 años sin la compañía de un adulto. Fue entregado a su cuñado. Le enviaron cinco citaciones y nunca compareció. Morley decidió dar al caso un “cierre administrativo”. El fiscal Sessions revocó la decisión y ordenó emitir otra citación, que si no cumplía se traduciría en una orden de deportación. El 31 de mayo Castro-Tum volvió a faltar. El abogado Matthew Archambeault pidió una prórroga. El juez la concedió y luego se le informó que el caso había sido reasignado. Un juez enviado desde Washing- ton ordenó la deportación del muchacho, que se cree no estaba siquiera en el país.
Las políticas del magnate “han sido un desastre” y “una mancha”, afirmó Los Angeles Times. “El trabajo de reunificación [de las familias migrantes] no se hace, en parte porque el gobierno no logró diseñar un sistema para rastrear a las familias separadas”.
En tanto, autoridades de Texas admitieron estar investigando la muerte de un niño pequeño —del que no se ha dado más información—, luego de haber sido liberado de un centro de detención familiar de la agencia migratoria estadounidense en Dilley, Texas, donde según los abogados estuvo detenido bajo “condiciones insalubres”. “Estamos evaluando el caso y no tenemos más comentarios”, indicó la firma legal Arnold & Porter en un comunicado.