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El Departamento de Defensa de Estados Unidos puso este viernes en marcha una nueva política impulsada por la Casa Blanca que impedirá a los transexuales alistarse en las Fuerzas Armadas, pese a que la medida aún se encuentra en los tribunales a falta de una sentencia en firme.
El Pentágono ha podido ponerla en marcha este viernes gracias a una decisión del Tribunal Supremo, que el pasado 22 de enero autorizó que esta nueva política entrara en funcionamiento hasta que los tribunales alcancen un fallo.
El Departamento de Defensa recalca que su política no es una prohibición de los transgénero en las Fuerzas Armadas, sino que solo impide que se enrolen personas que sopesen someterse a una operación de cambio de sexo, y argumenta que de esta manera permitirá al Ejército "seguir siendo las fuerzas de combate más letales y efectivas del mundo".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en julio de 2017 que tenía la intención de prohibir a todas las personas transgénero servir en el Ejército.
Finalmente, la cartera de Defensa presentó en marzo del año pasado una normativa que establecía que las personas con "un historial de disforia de género (...) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas", pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.
Tampoco esta normativa se pudo implantar puesto que, además de generar el rechazo de numerosos grupos sociales y de parte del estamento castrense, fue nuevamente bloqueada por la Justicia que consideró que se trataba de una medida discriminatoria que atentaba contra los derechos constitucionales.
El Gobierno de Trump decidió llevar su veto al Supremo en noviembre para que se pronunciara sobre la medida y argumentó que el bloqueo judicial forzó al Ejército a mantener una política anterior, a pesar de que un informe elaborado por el Pentágono estableció que la incorporación a filas de transgénero "pone en riesgo la letalidad y eficacia militar".
En total se presentaron cuatro demandas contra estas prohibiciones y varios tribunales impidieron que la política entrara en vigor hasta que la Corte Suprema decidió lo contrario.
