La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente Donald Trump promulgará el proyecto de presupuesto para evitar un posible cierre de gobierno este fin de semana y que también tomará "otra medida ejecutiva - que incluye una emergencia nacional" para mantener su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México.

Se prevé que la iniciativa de ley bipartidista sea aprobada el jueves por el Congreso. La medida incluye sólo una fracción de los miles de millones de dólares que Trump está pidiendo para construir el muro fronterizo.

"El presidente de nuevo está cumpliendo sus promesas de construir un muro, proteger la frontera, y resguardar nuestro gran país", dijo la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders.

Es previsible que la declaración de emergencia para tomar fondos de otras partidas federales y asignarlos al muro sea rápidamente impugnada en la corte.

El problema de esta medida reside en que ningún experto legal sabe exactamente qué es una "emergencia nacional" ni si Trump tiene la autoridad para declararla, tampoco si tiene competencia --como es su deseo-- de recibir dinero federal sin aprobación del Congreso de Estados Unidos.

La situación de emergencia nacional está recogida en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.

Con ese nombre, cabría pensar que define con precisión los límites y alcance de su aplicación, pero sucede todo lo contrario. Dependiendo de a quién se pregunte, su naturaleza fundamental es entendida como una ley que permite al presidente saltarse la normativa del Congreso con poderes extraordinarios o, por el contrario, una medida de contención frente a cualquier extralimitación presidencial.

De hecho, en los últimos 40 años ha sido aplicada hasta en medio centenar de ocasiones por varios motivos; tantos que "realmente no existe un estándar", según el profesor de Derecho de la Universidad de Texas Bobby Chesney.

Por ejemplo, el presidente Harry Truman la invocó en 1952, durante la huelga nacional de trabajadores del metal dada la urgencia de la guerra de Corea y Bush hizo lo mismo tras los ataques de 2001 para ampliar su control del Ejército, una declaración que ha sido ampliada periódicamente, incluso bajo el mandato de Barack Obama. Hay un centenar de competencias nuevas que el presidente podría asumir bajo esta declaración.

Es una ley que depende mucho del enfoque que se le quiera dar al caso que trata, de ahí que Trump lleve unos días encuadrando el problema del muro con México como una crisis humanitaria provocada por las drogas que atraviesan la frontera, "el gran conducto para la entrada en Estados Unidos de enormes cantidades de droga ilegal, heroína en particular", a pesar de que la propia Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, asegura que solo un pequeño porcentaje de heroína entra por la frontera - en realidad llega a través de puertos -.

¿QUIÉN PODRÍA RECURRIR LA DECISIÓN DE TRUMP?

Otra cuestión es cómo recurrir en los tribunales una declaración de estado de emergencia porque, dado que Trump estaría usando argumentos no basados en hechos para justificar la declaración, "nadie sabe cómo reaccionaría un tribunal sobre una decisión basada en datos falsos", según el ex abogado del Gobierno estadounidense Harry Litman.

"Lo último que quiere un tribunal es intentar dilucidar qué le pasa por la cabeza al presidente de Estados Unidos, así que tenemos un problema: ¿lo intentará a sabiendas del historial de mentiras de este hombre o evitarán pronunciarse para no sentar un precedente cuando lleguen presidentes más honestos?", se pregunta Litman en declaraciones a 'The Hill'.

De tal forma que parece que existe un consenso en torno a la idea de que un demandante podría apelar contra la declaración si está convencido de que pueden demostrar que han resultado afectados por la misma, y que una decisión judicial podría rectificar el daño recibido.

Por ejemplo, un propietario de tierras que fuera objeto de una expropiación forzosa con la ampliación del muro, una cuestión que denunció el candidato demócrata al Senado por Texas, Beto O'Rourke, podría apelar la declaración. También podrían demandar negocios que se vieran obligados a cambiar de lugar por culpa de la ampliación, según Chesney.

¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?

A todo esto hay que añadir otro problema: tampoco nadie sabe exactamente de dónde saldría el dinero. La ley básica exige al presidente que especifique de dónde obtendría los fondos que quiere emplear para terminar el muro.

Desde la Casa Blanca se ha dejado caer la posibilidad de derivar parte de los 13 mil 500 millones de dólares a disposición del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para su intervención en zonas de desastre natural, según tres fuentes del Ejecutivo consultadas por NBC.

Esta decisión estaría amparada por dos estatutos militares, el 10 USC 2808 y el 33 USC 2293, pero existe otro problema añadido más: decidir si el Ejército de Estados Unidos tiene potestad para levantar el muro, que debería ser declarado como una "construcción militar".

Esto sin mencionar que el dinero para el muro procedería de proyectos de ayuda a la población, como la presa de Folsom o los proyectos de reconstrucción para Puerto Rico, devastado por el huracán 'María' entre septiembre y octubre del año pasado.

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