Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en 2017, una decisión que relanzará la tensión en Cataluña, que el separatismo mantiene en ebullición desde hace casi una década.
La sentencia devuelve la cuestión catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.
En Barcelona ya se estaban organizando las primeras movilizaciones independentistas, y están previstas manifestaciones en toda Cataluña.
"100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca", afirmó el expresidente regional Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica y sobre el que pesa una orden de detención en España.
"Hay una parte de Cataluña que quiere entrar en un conflicto con la idea de Estado", pero "hay que buscar un punto de encuentro", comentó por su parte José Luis Ábalos, ministro de Fomento y hombre de máxima confianza del presidente socialista Pedro Sánchez.
El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo, en Madrid.
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Puigdemont.
Una sentencia que el propio Junqueras aprovechó para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido.
"Volveremos, y volveremos más fuertes (...) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos", escribió.
Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.
Son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.
Los tres restantes son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una "República catalana" que nunca se materializó.
El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la fiscalía contra nueve de los acusados.
En su sentencia, el Supremo dio por "probada la existencia de violencia". Sin embargo, esta careció de "funcionalidad", y "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social", lo que convirtió el propósito independentista "en una mera quimera".
En Barcelona, las primeras reacciones no se hicieron esperar. Simpatizantes independentistas cortaron varias calles, constató la AFP, y el 'Tsunami Democrático', una nueva plataforma independentista, convocó "a la gente que vive fuera de Barcelona a desplazarse a la capital", para engrosar las protestas.
El FC Barcelona también se sumó a las reacciones: "la prisión no es la solución", y "la resolución del conflicto que vive Cataluña pasa exclusivamente por el diálogo político", indicó en un comunicado.
La tentativa de secesión de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes, significó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.
Integrado por partidos que difieren en el plano político, el movimiento separatista, que controla el gobierno regional, hizo causa común en llamar a la "desobediencia civil" en caso de condena del Supremo.
La temperatura comenzó a subir en la región en septiembre, con la prisión provisional dictada a siete activistas independentistas, sospechosos de preparar explosivos y acciones violentas. En respuesta, los secesionistas aprobaron en el Parlamento regional varias mociones en desafío del Estado español.
En plena campaña hacia las legislativas, Pedro Sánchez ha advertido que podría tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, como la intervención de la autonomía catalana, ya aplicada en octubre de 2017 en virtud del artículo 155 de la Constitución.