La libertad de opinión y de expresión, parte esencial de la democracia, se ve confrontada a grandes peligros. Este derecho fundamental consiste en que los ciudadanos puedan tener acceso a información libre, plural y confiable. Sin embargo, hoy en día los medios de comunicación que verifican los hechos y se esfuerzan por presentar la diversidad de opiniones, se ven afectados por las transformaciones digitales.
La desinformación masiva en línea —que busca orientar los debates, incluso intervenir en las elecciones para influir en los resultados— se ha propagado. En todas partes del mundo, la información se somete a intereses particulares. En numerosos países se ha incrementado el control político de la prensa y se han recrudecido las amenazas contra periodistas.
En este contexto, es urgente que nuestras democracias no cedan a la resignación y actúen. Es urgente proteger nuestro acceso a una información independiente, pluralista, basada en hechos, condición indispensable para que los individuos se forjen libremente una opinión y participen debidamente en el debate democrático. Es la razón por la que celebramos la labor de la Comisión internacional independiente para la Información y la Democracia, que el 11 de noviembre de 2018 presentó el resultado de sus trabajos en el Foro de París sobre la Paz.
Esta Comisión, creada a iniciativa de Reporteros sin Fronteras, nos incita a considerar como un bien común de la humanidad el espacio mundial de la comunicación y la información, en el que deben promoverse la libertad, el pluralismo y la integridad de la información. Ésta propone que los actores que contribuyen a estructurar este espacio global, en particular las plataformas digitales, asuman sus responsabilidades en términos de neutralidad política e ideológica, pluralismo y transparencia.
Asimismo, exhorta —lo que es muy innovador— a que se reconozca que los individuos no sólo tienen derecho a una información independiente y plural, sino también fidedigna.
Estas propuestas son estimulantes e innovadoras. Basándonos en ellas decidimos comprometernos a emprender un proceso político. El objetivo es que, en los próximos meses, nuestros Estados elaboren su propio plan de trabajo para promover el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión en el contexto tecnológico y político del siglo XXI.
También es importante que el mayor número de Estados posible se una a esta iniciativa. A setenta años de que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, reiteramos así nuestro compromiso a favor de los derechos fundamentales de nuestros pueblos.