Texas ejecuta con inyección letal a mexicano que mató a su familia

El mexicano Roberto Moreno Ramos fue ejecutado con una inyección letal.

Horas antes, sus abogados dijeron que a su cliente se le debería perdonar la vida porque padece de "desorden bipolar, lesiones cerebrales" y sufrió abusos severos durante su infancia.

Moreno Ramos fue condenado por los asesinatos en 1992 de su esposa Leticia, de 42 años, su hija Abigail, de 7, y Jonathan, de 3, en su casa en Progreso, ubicado en la frontera con México, a unos 32 kilómetros al sureste de McAllen.

La ejecución estaba programada para las 18:00 horas, pero tras el último pedido de perdón de la defensa, la Corte Suprema se rehusó a suspenderla, despejando el camino para la muerte de Moreno Ramos.

Tras darse a conocer la ejecución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la ejecución. En un comunicado, sostuvo que la ejecución se dio ante la negativa de la Corte de Apelaciones Penales estatal, la Corte federal para el Distrito Oeste de Texas, la Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito y la Suprema Corte de los Estados Unidos a emitir una suspensión que presentó la defensa de Ramos.

La Cancillería recordó que Ramos Moreno es el sexto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004. “En tal virtud, el gobierno de México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo, conforme al cual ese país estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta al connacional”.

Y además de expresar su pésame a la familia, la SRE exhortó al gobierno de Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que impidan que cualquier estado que forma parte de ese país, incluyendo Texas, lleve a cabo la ejecución de personas mexicanas en desacato del fallo Avena.

“México también condena el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas en el presente caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de noviembre de 2002, que solicitó adoptar al gobierno de Estados Unidos. El pasado 1 de noviembre, la CIDH instó a ese país a suspender la ejecución y otorgar una reparación efectiva al señor Ramos, debido a que durante su proceso no tuvo asistencia consular.

A nivel nacional e internacional, la Cancilleria dijo en su boletín que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventualmente abolición de la pena de muerte en el mundo.