La muerte del expresidente Alan García escribe el nuevo episodio del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú.
Cuando miembros de la policía se dirigían a su vivienda para proceder con una orden de captura este miércoles, el exmandatario se disparó en la cabeza, lo que le causó la muerte horas después.
La muerte de García es el nuevo - y dramático- episodio de una serie de hechos que comenzaron con la captura del también expresidente Ollanta Humala y de su esposa (y ex primera dama) Nadine Heredia.
Posteriormente la Justicia buscó a Alejandro Toledo, exmandatario peruano que reside en Estados Unidos y sobre quien pesa una orden de captura.
Todos ellos están acusados de lo mismo: de recibir dinero del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para financiar sus respectivas campañas presidenciales o por obras fundamentales de infraestructura como el metro de Lima.
En marzo de 2018, la investigación precipitó la renuncia del entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. La pasada se semana se emitió una orden de captura en su contra.
Pero no sólo son los expresidentes.
Otros personajes públicos como Keiko Fujimori -hija del también expresidente Alberto Fujimori y quien está en la cárcel- y un grupo de políticos importantes del Perú han sido implicados en el escándalo.
A principios de 2018, García tuvo que salir públicamente a defenderse de informaciones que lo vinculaban con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima.
Según la Fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó US$7 millones en sobornos para quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García, quien presidió el país en dos mandatos (1985-1990 y 2006-2011).
Pero el exmandatario negó haberse beneficiado.
"No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin moral ni patriotismo", dijo a través de twitter el 24 de enero de 2018.
En noviembre del año pasado, García solicitó asilo en la embajada de Uruguay, pero el el gobierno de ese país le negó la solicitud.
Esta semana, tras revelarse que sería encarcelado de manera preventiva para evitar su fuga, volvió a afirmar que era inocente de todos los cargos.
"No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras", anotó.
PPK, como se le conoce, vivió una larga agonía durante su mandato (se posesionó como presidente en 2016) por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora.
En diciembre de 2017, Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a PPK.
El caso lo llevó a enfrentar un proceso de vacancia en el Congreso por "incapacidad moral", al que sobrevivió, aunque lo dejó bastante malherido políticamente.
Los pagos, informaba el documento, eran por siete consultorías que la compañía realizó entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, algunos de ellos cuando PPK era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien estuvo entre 2001 a 2006 en la presidencia.
Kuczynski inicialmente negó haber recibido dinero de Odebrecht. Luego negó haber recibido algún pago ilegal, pero admitió haber trabajado como asesor.
Finalmente, debido a las denuncia de irregularidades durante el proceso de su juicio político en el Congreso peruano, renunció a su cargo el 21 de marzo de 2018.
La pasada semana se ordenó su captura de manera preventiva por 10 días.
Uno de los casos más destacados también ocurrió contra el expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pende una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber recibido un soborno de US$20 millones por parte del gigante brasileño de la construcción.
El exmandatario niega las acusaciones.
"Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país", le dijo Toledo a BBC Mundo en una corta entrevista publicada en mayo del año pasado.
Pero la onda expansiva de Odebrecht en Perú no acaba ahí.
Desde julio de 2017 hasta julio de 2018, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, estuvieron en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el mismo caso Odebrecht.
Tanto Humala como su mujer han negado cometer algún ilícito, pero se presentaron ante la Justicia peruana tras conocer el fallo judicial.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso, uno de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de US$3 millones de Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial de 2011, en la que Humala resultó vencedor.
Pero además la fiscalía también investiga a Heredia por el presunto trato de favor a Odebrecht en la licitación de otro proyecto: el Gasoducto Sur.
Y finalmente, la líder opositora Keiko Fujimori, candidata presidencial en las elecciones de 2016, en las que se impuso PPK, se encuentra en prisión desde octubre del año pasado acusada de recibir dinero para su campaña presidencial del año 2011.