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Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump se aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus hijos sufrieron abuso sexual, físico o emocional mientras estaban bajo cuidado tutelar pagado con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press —algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento— revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares como indemnización. En los últimos años, más de 3 mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias —algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos— están representadas por organizaciones no gubernamentales y otros grupos, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
"Es la punta del iceberg", dijo Erik Walsh, abogado de Arnold & Porter, que mantiene uno de los programas de asesoría legal gratuita más grandes del mundo.
La firma ha presentado hasta el momento 18 reclamos en nombre de nueve familias por un total de 54 millones de dólares y probablemente habrá decenas más, según Walsh.
El gobierno tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos mediante la FTCA desde el momento de su presentación. Después, los demandantes pueden iniciar un juicio al gobierno.
Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, señalados como acusados en los reclamos, no respondieron a las solicitudes de declaraciones.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de niños migrantes, dijo que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como a niños separados de sus familias bajo las medidas de tolerancia cero.
La oficina los alojó en casas tutelares, albergues residenciales y campos de detención en todo el país. En ciertos momentos llegó a colocar en un sólo día a 500 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes.
Las denuncias de abusos y ataques bajo cuidado tutelar generan nuevas interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para alojar a los más jóvenes con familias en lugar de refugios y centros de detención atestados.
Según los reclamos, un documento de una corte federal reciente y documentos del HHS difundidos por el Congreso meses atrás, los niños sufrieron traumas emocionales graves al ser objeto de ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida.
Seis de los reclamos son por niños que estuvieron en casas tutelares. Un documento presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió maltrato bajo cuidado tutelar.
Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la ORR remitió al menos siete denuncias de abuso sexual durante cuidado tutelar al Departamento de Justicia en 2017 y 2018. Dado que algunos son anónimos para proteger la privacidad de los menores, no está claro si no hay reclamos duplicados.
El Departamento de Justicia no ha respondido a preguntas reiteradas de legisladores sobre esos casos.
Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados en los reclamos bajo la FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de niños migrantes, que en ocasiones ha tenido hasta 900 bebés y niños.
Cayuga Centers dijo en un comunicado el viernes que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades locales, estatales y federales correspondientes, incluidas la Oficina de Servicios para Menores del estado de Nueva York, la policía de Nueva York y la ORR.
“La protección del niño es nuestra prioridad número uno. Si se expresa inquietud sobre la seguridad de un niño en un hogar de acogida, se investiga inmediatamente. Todo nuestro personal tiene la obligación de informar”, dijo el grupo. “Cuando se presenta una denuncia, se retira inmediatamente a los niños del hogar de acogida y, si es necesario, se suspende a un hogar de acogida hasta que una investigación exhaustiva aclare la situación”.
Una madre guatemalteca cuya hija de 5 años fue alojada en Cayuga el año pasado dice que la niña todavía se despierta llorando por lo que padeció en la casa de tutela.
"Ahora se asusta cada vez que salimos o cuando ve un auto policial o alguien uniformado", dijo la madre, que reclama 6 millones de dólares. "Me dice, 'mami, no dejes que vuelvan a separarnos'".
Las familias que hablaron con la AP y FRONTLINE lo hicieron bajo la condición de no ser identificadas al temer por su seguridad.
Otra niña guatemalteca de 5 años dijo que un chico la manoseó, tanto en su hogar de acogida como durante las clases en una institución del programa para huérfanos Refugio para los Niños, de acuerdo con un reclamo de 3 millones de dólares. La niña fue trasladada a un nuevo hogar, pero sufría acoso verbal de la madre de su tutor, que la insultaba y la encerraba a solas en habitaciones para castigarla, según el reclamo.
Un vocero de Servicios Sociales Luteranos de Nueva York, que supervisa el programa Refugio para los Niños, se negó a hacer declaraciones.
En dos demandas se culpa al gobierno por muertes ilegales. Una de ellas, en la que se solicita una indemnización de 20 millones de dólares, fue incoada por la esposa de un padre hondureño que se suicidó en una celda con paredes acolchadas después de que los agentes le quitaron a su hijo de 3 años de sus brazos.
“La gente que está haciendo estas políticas pretendía este nivel de sufrimiento, y eso es lo que es desmesurado”, afirmó John Escamilla, que representa a la esposa y a los dos hijos del hombre.
Dijo que incluso el viernes planea interponer una demanda federal derivada de su reclamo a la FTCA.
El gobierno no ha llegado a un acuerdo en ningún caso de separación de familias en la etapa de reclamos administrativos. Pero en la actualidad se está litigando una demanda federal en Massachusetts, y en febrero, un juez aprobó un acuerdo por 125 mil dólares para una madre hondureña y su hijo, en ese entonces de 6 años, que fueron detenidos cuatro meses y amenazados con ser separados durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Aseem Mehta, estudiante de derecho en la Organización de Servicios Legales Jerome N. Frank en la Facultad de Derecho de Yale que trabajó en el caso, dijo que el acuerdo _el primero en su tipo_ envía un mensaje claro de que dichos reclamos tienen legitimación procesal.
“Nuestro caso es un hito”, afirmó Mehta. “Lo más rescatable es que estos reclamos son viables, y los tribunales los recibirán, y el Departamento de Seguridad Nacional los considera con méritos; no llegan a un acuerdo en casos a menos que piensen que están expuestos a alguna pérdida”.
Janet Napolitano, que encabezó a Seguridad Nacional de 2009 a 2013, dijo recordar que se presentaron diversas reclamaciones por agravios contra la agencia mientras ella la encabezó, pero aclaró que era inusual separar a familias. El fracaso del gobierno de Donald Trump para reunificar rápidamente a las familias podría haber dejado expuesta a la agencia a ser demandada, agregó.
“Hay muchas probabilidades de que pudiera haber algo de vulnerabilidad aquí”, dijo Napolitano, que ahora es presidenta de la Universidad de California.
