Ciudad Delgado.— La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador pidió ayer 40 años de cárcel para la joven Evelyn Hernández, de 21 años, quien enfrentó un nuevo juicio por el delito de homicidio, cometido al supuestamente abortar, el cual ha concluido y cuyo fallo se conocerá el lunes.

El Ministerio Público acusa a la joven, cuyo embarazo fue producto de una violación, de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión, es decir la entidad fiscal sostiene que la procesada “era la encargada de proteger la vida de su bebé y no evitó su muerte”, por lo que al inicio del juicio pedía 30 años de cárcel, pero que ahora exige una condena de 40 años.

La activista Morena Herrera, de una asociación que brinda apoyo jurídico a Hernández, catalogó de “gravísima” la petición de la fiscalía. “Es gravísimo el planteamiento de la fiscalía y nos parece más grave que pidan una condena de 40 años”, dijo a periodistas tras finalizar la vista pública.

Explicó que la entidad fiscal señaló durante el juicio que la joven “cometió un delito de omisión porque, según ellos [la fiscalía], Evelyn debió haber actuado como garante de la atención del recién nacido y se le podía exigir una conducta distinta, por lo que piden 40 años”.

Herrera señaló que el Ministerio Público “no está considerando las condiciones de salud” de la joven, quien, según una de sus abogadas, “perdió el conocimiento y se desmayó, por un sangramiento excesivo que sufrió tras el parto extrahospitalario que tuvo, lo que impidió que ella socorriera al feto”.

La activista indicó que el juez “necesita analizar las distintas pruebas periciales presentadas y los elementos subjetivos del proceso”, por lo que el fallo del juicio se conocerá el lunes.

Bertha de León, una de las abogadas de Hernández, dijo a la prensa que “la defensa está satisfecha por el trabajo que hemos realizado y con las pruebas que se presentaron”. “Estamos esperanzados. Esperamos que el lunes tengamos una sentencia absolutoria y que Evelyn pueda continuar con su vida”, añadió.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico.

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