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El expresidente de Bolivia Evo Morales, que llegó a Argentina el jueves pasado y pidió ser acogido como refugiado, aseveró este martes en Buenos Aires que no tiene miedo a una posible "detención", volvió a denunciar que fue víctima de un "golpe de Estado" y reiteró que no será "candidato" en las próximas elecciones de su país.
"No soy candidato, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política como político", dijo el exmandatario en una multitudinaria rueda de prensa, la primera desde su arribo a la capital argentina procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior presionado por las Fuerzas Armadas.
En una entrevista con Efe el lunes en Washington, el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, previó que en las próximas horas saldría una orden de detención contra el expresidente Morales, ya que según dijo "tiene una denuncia de terrorismo" junto a quien fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana y "tendrán que responder a la Justicia en los próximos días".
Tras un mes de protestas que lo acusaban de haber montado un fraude para reelegirse a un cuarto mandato, Morales renunció tras 13 años y 9 meses en el poder y denunció un golpe de Estado. Tras su dimisión y exilio en México, sus partidarios emprendieron protestas que derivaron en la muerte de 35 personas, la mayoría por impactos de bala y en choques con fuerzas del orden.
El gobierno rechaza la teoría del golpe y dice que fue una rebelión popular para “recuperar la democracia” y derrotar a una dictadura que buscaba perpetuarse.
El expresidente Evo Morales dijo en Argentina, donde está radicado, que hará campaña por el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo y que no teme trasladarse a su país, donde está acusado de sedición y terrorismo.
Morales también afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde llegó el 12 de diciembre acompañado de varios exfuncionarios bolivianos, que las elecciones que se han programado en su país dentro de cuatro meses -en una fecha aún no definida- deben ser “libres y transparentes” al afirmar que “puede haber de verdad fraude”.
lsm
