La Paz.— La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afín al expresidente Evo Morales, lanzó un ultimátum de 48 horas a Jeanine Áñez, quien se proclamó presidenta interina en Bolivia, para que dimita, al tiempo que el exmandatario denunció que en su país se están cometiendo delitos de lesa humanidad.
Los cocaleros acordaron en cabildo abierto celebrado la noche del sábado en Sacaba, Cochabamba, exigir la renuncia de Áñez y el “repliegue inmediato de las fuerzas armadas a sus unidades militares para evitar más muertes y masacre al pueblo boliviano”, después del fallecimiento de nueve manifestantes el viernes en esa localidad, una “masacre dictatorial” que atribuyeron directamente a Áñez. Con esos decesos se elevó a 23 el saldo de víctimas mortales en un mes de confrontación. El gobierno reconoce oficialmente cinco.
Además, piden la “liberación inmediata de los detenidos injustamente” y la “aprobación de una ley corta por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”. A este respecto, Áñez dijo que anunciará “muy pronto” la convocatoria a nuevas elecciones “transparentes”
Los dirigentes cocaleros rechazaron el decreto supremo que autoriza a militares a responder ataques armados y les garantiza inmunidad judicial. Los bloqueos se mantendrán, advirtieron, “hasta que las demandas sean atendidas”.
Desde México, donde está asilado desde el martes pasado, Morales cifró en 24 los muertos y exigió vía Twitter “al gobierno de facto de Áñez” que identifique a “a los autores intelectuales y materiales” de estos crímenes que atribuyó a “la represión policial y militar. Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar impunes”.
Mientras, Jean Arnault, enviado del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó en Twitter de “grave” el decreto del gobierno de Áñez que exime de responsabilidades penales al ejército en la conservación del orden público. Consideró que “estimula la represión violenta”.
Mientras tanto, los bolivianos hacían largas filas en las calles de La Paz para asegurarse alimentos indispensables y combustible, debido a que los bloqueos están impidiendo la llegada de suministros a los centros urbanos.
Las nuevas autoridades dijeron que un avión militar Hércules aterrizó el sábado para abastecer a los habitantes de la capital con un cargamento lleno de productos cárnicos desde la influyente zona de El Alto, evitando así las carreteras bloqueadas que rodean a la ciudad.
Además del puente aéreo con La Paz, se prevé hacer lo mismo con otras grandes ciudades bolivianas. El régimen advirtió que serán detenidos los diputados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, que estarían cometiendo actos de subversión.