Washington.— El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendió ayer las restricciones al asilo en la frontera con México, después de que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales.
“Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional [el asilo] no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional”, aseguró en un comunicado la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Katie Wald- man. “Estamos deseando —prosiguió Waldman—, seguir defendiendo el legítimo ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera sur”.
El 9 de noviembre, Trump firmó una orden presidencial vigente por 90 días que implica que los inmigrantes que entren a EU por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo; ese mismo día grupos defensores de derechos humanos, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), demandaron al gobierno en una corte federal de San Francisco, en California, solicitando a un juez la suspensión preventiva de la regulación.
El juez de distrito Jong Tigar señaló la noche del lunes que “cualquiera que sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa”, y añadió que la medida de Trump presenta un “conflicto irreconciliable” con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que señala que cualquier persona, sin importar cómo haya llegado a EU, tiene derecho a solicitar asilo.
Trump afirmó que el fallo es “una vergüenza”, acusó de parcialidad al tribunal del Noveno Distrito en California, al cual pertenece Tigar, y se refirió a este magistrado nombrado por el ex presidente demócrata Barack Obama, como “juez de Obama”. “Ganaremos ese caso en el Supremo”, aseguró.
La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, dijo al visitar la frontera sur del país, en San Diego, que el fallo de Tigar “es peligroso y sin duda será anulado. Este tribunal ha remplazado el criterio del presidente en relación con su plena autorización para determinar qué es una auténtica amenaza a nuestra soberanía nacional”.
Subrayó que la crisis que enfrenta EU con las caravanas de miles migrantes que buscan solicitar asilo es “real y está justo al otro lado de este muro”. A los migrantes, les envió un mensaje: “No se equivoquen. Nos tomamos esto muy en serio. No entrarán ilegalmente en nuestro país”.
En contraste, la decisión del juez fue aplaudida por la ACLU. El abogado de ese grupo en el caso, Lee Gelernt, recalcó en un comunicado que “el veto es ilegal, pondrá la vida de la gente en peligro y enciende la alarma sobre el desprecio del presidente Trump por la separación de poderes”.
En su afán de contener a los migrantes, Trump anunció el envío de más soldados a la frontera. Conforme al plan actual, el Pentágono calcula que el costo de la misión militar en la frontera será de unos 210 millones de dólares.
El total incluye unos 72 millones de dólares para los 5 mil 900 soldados activos que apoyan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como 138 millones para los 2 mil 100 agentes de la Guardia Nacional que se han desplegado hasta ahora y que han estado realizando una misión diferente desde abril. Los montos fueron reportados ayer al Congreso. The Associated Press obtuvo una copia del informe.