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Esa misma mañana se hizo un test rápido y dio positivo. Pidió un examen de sangre y a las cinco de la tarde tuvo la confirmación: estaba embarazada.
"Me llevó tres segundos tomar la decisión de que no quería tener un hijo o una hija", recuerda Roldán en entrevista con BBC Mundo. "No estaba dentro de mi proyecto de vida".
En ese momento, tres años atrás en Uruguay, ella tenía 27 años y una pareja estable desde hacía siete. Ambos llevaban unos meses compartiendo techo.
Roldán ya contaba con una licenciatura en ciencia política y una maestría en derechos humanos. Pero tenía trabajos ocasionales y alquilaba su casa por Airbnb para cubrir sus gastos.
Él estudiaba, exploraba proyectos laborales propios y de inmediato estuvo de acuerdo con ella cuando lo hablaron.
—Estoy embarazada.
—¿Qué quieres hacer?
—Yo no lo quiero tener.
—Bueno, tranquila.
Acto seguido, Roldán pidió acogerse al procedimiento legal de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que los uruguayos denominan por las siglas de IVE.
Iba a abortar.
Uruguay despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo a fines de 2012, volviéndose una excepción en América Latina junto con Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y partes de México.
En contraste, la mayoría de los países de la región solo permiten el aborto en casos específicos como riesgo de vida de la mujer o violación, y algunos lo prohíben totalmente.
La ley uruguaya habilita que la mujer aborte por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación.
Pero le exige que comparezca previamente ante una comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de salud mental.
Tras esa cita y cinco días de "reflexión", la embarazada decide si va a abortar. La gran mayoría opta por hacerlo porque ya tiene la decisión tomada de antemano, dice Verónica Fiol, ginecóloga del hospital público Pereira Rossell en Montevideo.
A ese centro de referencia para salud de la mujer en Uruguay llegan unas 10 mujeres por día para iniciar el procedimiento de IVE, señala Fiol a BBC Mundo.
Por lo general tienen entre 20 y 35 años de edad.
"La mayoría de los casos tienen que ver con el proyecto de vida (de la mujer) y en algunos casos hay razones sociales o económicas", señala. "Hay como una sensación a veces de que esto pasa en los grupos de menor nivel socioeconómico y no es exactamente así".
"Lo que la mujer muchas veces nos dice es que no es el momento", explica.
Y ese era precisamente el caso de Florencia Roldán.
Los cinco días de espera tras consultar con la comisión profesional en Montevideo se volvieron "una tortura" para Roldán.
"Yo sentía que había algo dentro de mí que no quería que estuviera", dice. "Y lo sientes, ese es el tema".
Cuando llegó el día en que pudo abortar legalmente, ella y su pareja buscaron crear un "clima de contención" con música, frutas y jugo de naranja en su hogar, donde lo haría.
Al igual que cerca del 90% de las uruguayas que se acogen al proceso de IVE, Roldán tomó fármacos (Misoprostol) que le prescribieron los médicos.
Si bien había realizado su tesis de maestría sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, vivirlo en carne propia fue algo extraño y atemorizante para ella.
"Es un proceso de mucho dolor que dura de ocho a diez horas", relata. "Vas pasando por dolores muy fuertes y yo no conocía esos dolores".
"Te vienen miedos, inseguridades, efectos físicos que no están contemplados", agrega.
En su caso se sumó un vómito imprevisto 20 minutos después de tomar la primera dosis de Misoprostol. La invadieron las dudas sobre si todo iba bien y fue a una emergencia médica, donde le dieron más dosis del fármaco.
De regreso a su casa sintió contracciones. Primero cada 40 minutos. Luego cada 20, cada 10… De pronto ganas de ir al baño, como le habían dicho los médicos.
"Expulsas. Después hay mucho sangrado. Y nunca sabes cuánto es mucho", relata.
"Yo lo sentí: fue algo que salió. Y el dolor fuerte cesó".
En el primer lustro de aplicación de la ley de IVE, Uruguay alcanzó en 2017 una suerte de meseta con prácticamente 10 mil casos por año según datos oficiales.
El país se ubicó entonces como el segundo con menor mortalidad materna de toda América, después de Canadá.
"En los últimos años prácticamente no hay (en Uruguay) muerte materna por aborto y antes las había", dice la doctora Fiol. "En el año 2000 la primera causa de muerte materna era el aborto provocado en condiciones de riesgo".
Aquella realidad llevó a que Uruguay impulsara desde 2002 un modelo de reducción de riesgos para atender en centros de salud a mujeres con embarazos no deseados, asesorarlas y reducir los abortos inseguros.
Esa política contribuyó a disminuir la mortalidad materna en el país, una tendencia que se consolidó a partir de 2012 con la despenalización del aborto.
Quizá por eso o por el fracaso de una consulta popular para realizar un referéndum contra la ley en 2013 (reunió menos de 9% de los votantes) el tema del aborto ha estado prácticamente ausente de la actual campaña electoral uruguaya.
Los dos candidatos que disputan la presidencia en la segunda vuelta electoral del próximo domingo, Daniel Martínez (de la coalición gobernante de izquierda, Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (del opositor Partido Nacional) han descartado derogar la ley de aborto.
Sí han surgido algunas críticas a la norma desde sectores conservadores que la consideran demasiado permisiva para las mujeres.
"Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela", dijo el diputado electo Martín Sodano, del partido derechista Cabildo Abierto, al semanario uruguayo Búsqueda este mes.
También hubo obstáculos prácticos para la ley. Por ejemplo, cerca de 30% de los ginecólogos declararon "objeción de conciencia" para estar eximidos de participar en el procedimiento de aborto, lo que complicó su aplicación en localidades pequeñas del interior.
Por otro lado, hay sectores de izquierda que consideran la norma demasiado restrictiva.
Pero la mayoría parece optar por mantenerla intacta.
"Está el temor a que si reabrimos esto, lo reabrimos para los dos lados. ¿Y si al final del día empeoran la ley? Ese es un riesgo enorme", dice Martín Couto, un sociólogo que ha estudiado el tema y es diputado suplente del Frente Amplio.
Roldán mira hacia atrás y dice estar segura de que tomó la decisión correcta.
"Realmente no siento nada que se asemeje a la culpa o el remordimiento", sostiene. "No siento que hice algo malo".
A su madre le contó de su aborto después de consumado y le costó digerir la noticia.
"Traté de hacerle entender: 'Vos estás súper orgullosa de mí, mirá todo lo que he hecho en este tiempo, lo que he crecido'", le decía. "Si hubiese tenido un hijo probablemente eso no lo habría podido hacer".
Hoy Roldán tiene 30 años, trabaja con derechos sexuales y reproductivos en la ONG feminista Cotidiano Mujer y en una secretaría gubernamental que trabaja con mujeres en condición socioeconómica baja.
Afirma que la ley del aborto uruguaya "funciona bien", que abortar dentro del sistema de salud le dio tranquilidad y que si lo hubiese hecho clandestinamente en otro país de la región tal vez "habría terminado presa o muerta".
"Está de menos pasar por esta situación, no se la deseo a nadie", advierte. "Pero si tenemos que atravesarla, que sea de la manera más empoderada posible".
Con su pareja nunca más habló del tema y tiempo después se separaron. Hoy está soltera, pero no descarta tener tener hijos o adoptar en el futuro, según las circunstancias.
"Una puede abortar en un momento determinado, pero después no es que quieras abortar todas las veces o que no quieras ser madre", señala.
Sin embargo, se niega a hablar "en voz baja" de su aborto del pasado.
"Es un derecho que es nuestro", dice, "y no quiero sentir vergüenza de contar estas cosas".
