25 / octubre / 2021 | 05:41 hrs.

Miliciano entrenó para matar a Obama: FBI

Larry Mitchell Hopkins, de 69 años, líder del grupo Patriotas Constitucionales Unidos, se dedicaba a detener a migrantes indocumentados

El líder de una milicia civil dedicada a arrestar a migrantes indocumentados que cruzan para EU, Larry Hopkins (69 años), fue arrestado por portar armas. / PAUL RATJE. AFP
Mundo 23/04/2019 11:45 EFE | Reuters Actualizada 11:45

El líder de una milicia de civiles que se dedica a detener a migrantes indocumentados cuando ingresan de México a Estados Unidos, presumió haber estado entrenando para asesinar al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declaró un agente del FBI en documentos judiciales.

En primera instancia, la cabecilla del grupo armado se declaró no culpable de los cargos de portar armas, bajo el argumento de ejercer su “derecho de estadounidense” de ayudar a su país. Larry Mitchell Hopkins, de 69 años, líder del grupo Patriotas Constitucionales Unidos (UCP, por sus siglas en inglés), cuyos miembros aseguran haber ayudado a funcionarios estadounidenses a detener a unos 5 mil 600 inmigrantes en el desierto de Nuevo México en los últimos 60 días, fue arrestado en Sunland Park, Nuevo México, el sábado pasado, debido a que se trata de un delincuente convicto y estaba en posesión de armas de fuego y munición.

Kelly O’Connell, abogado de este integrante de la organización armada, dijo que su cliente sólo pensó que estaba ejerciendo su derecho estadounidense de “ayudar a interceptar a las personas que creen que están llegando ilegalmente y llevarlos con la Patrulla Fronteriza”.

En documentos judiciales presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que mientras investigaba al grupo de Hopkins en 2017, varios testigos lo acusaron de decir que el UCP estaba planeando el asesinato de Obama, de Clinton y del inversor George Soros.

En caso de ser hallado culpable, Mitchell Hopkins, descrito como “comandante” de este grupo de milicianos, podría enfrentar 10 años tras las rejas, más tres años de libertad condicional y hasta 250 mil dólares en multas. Críticos como la Unión de Libertades Civiles acusan al UCP de hacer detenciones de manera ilegal y de secuestrar a inmigrantes haciéndose pasar por agentes de la ley.

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