El presidente de Perú, Martín Vizcarra, vetó ayer un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, que concedía arresto domiciliario a presos mayores de 65 años con enfermedades graves o crónicas, “hecho a la medida” del ex presidente Alberto Fujimori.
“Estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados”, declaró Vizcarra, quien instó al Congreso, controlado por la oposición fujimorista, a mejorar el proyecto a través de un mayor debate.
El proyecto del partido Fuerza Popular (derecha populista) busca evitar que el ex gobernante, de 80 años, vuelva a prisión luego de que la justicia peruana anulara el 3 de octubre un indulto que consiguió en diciembre, mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Vizcarra aseguró que se necesita “una norma debatida a profundidad, para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad”.
“Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, agregó. Sin embargo, el veto de Vizcarra puede ser meramente simbólico, pues el Congreso peruano tiene la potestad para aprobar por insistencia cualquier proyecto, en una segunda votación 15 días después, con lo que se convierte automáticamente en ley.
El veto presidencial deja abierta la vía para tender un puente de entendimiento entre la implacable mayoría fujimorista y el gobierno.
“Creemos que es necesaria una norma de este tipo, pero tiene que ser evaluada, justificada y consensuada”, afirmó Vizcarra, quien justificó el veto argumentando que se trata de un proyecto “inconstitucional”, porque invade competencias del Poder Judicial, según el oficio que envió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
Salaverry solicitó ayer distanciarse temporalmente del partido que lidera Keiko Fujimori, alegando que necesita mantener la “imparcialidad” en momentos de crisis interna.
Fujimori lleva cumplidos 12 años de su condena de 25 años por la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, en dos operaciones de un escuadrón de la muerte conformado por militares.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, la justicia lo condenó en 2009 como “autor mediato” de esos asesinatos, así como del “secuestro agravado” de dos personas.