San José.- En una sentencia emblemática, un tribunal de Guatemala condenó anoche a 525 años de cárcel a seis hombres y a tres mujeres de la Mara 18 (M-18), una de las más temibles pandillas juveniles que operan en México, Estados Unidos, Europa y el Triángulo Norte de Centroamérica, por asesinar a cuatro personas y herir a 21 en un ataque con granada y balazos en marzo de 2015 en el Hospital General San Juan de Dios, de la capital guatemalteca.
El veredicto fue dictado por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, de la ciudad de Guatemala, en contra de los guatemaltecos Marlon Alexánder Ochoa Mejía, Wílder Rodríguez Aguilar, Gerardo Vinicio Sánchez Carrillo, Carlos Antulio Barrios Alvarado, Luis Felipe Contreras Vargas, Félix Fernando Monroy Sipaque, María Torres Morales, Valery Arias Chacón y Ada Lorena Siliézar Sista.
El Tribunal determinó que el grupo de la M—18, una pandilla que se disputa el control de barrios de la región con su rival de la Mara Salvatrucha (MS—13), conspiró para rescatar con un ataque con granada y a balazos a Ochoa Mejía cuando fue trasladado en la mañana del 10 de marzo de 2015 por agentes del Sistema Penitenciario de Guatemala de un centro penal guatemalteco a someterse a tratamiento médico al hospital.
La violenta incursión de los miembros de la M—18 ocurrió en el sector de consulta externa del centro de salud y provocó pánico y terror entre pacientes, cuerpo médico y administrativo y demás personas presentes en ese lugar.
Según el desglose de la condena, ocho de los acusados recibieron 35 años de prisión cada uno por los cuatro asesinatos, para un total de 140 años. Asimismo, a los ocho se les impusieron 18 años de cárcel por intento de homicidio por los 21 heridos, para sumar otros 378 años. La acusada Siliézar Sista fue sentenciada a siete años de encarcelamiento inconmutable por asociación ilícita.
Por consecuencia de la agresión pandillera, perecieron dos mujeres, María Romero Saravia y Kimberly Ruano, y dos hombres, Domingo Ical Alvarado y Modesto Ambrocio Esteban González.
En una acción similar ocurrida el 16 de agosto de 2017 para tratar de liberar a uno de sus integrantes, cinco sicarios de la MS—13, acusada de malévola y violenta por el presidente de EU, Donald Trump, atacaron a balazos en la consulta externa del Hospital Roosevelt, de la capital guatemalteca, mataron a siete personas e hirieron a 12 en un hecho que causó pánico y caos en el centro de salud. De los mareros, tres fueron detenidos pero el reo logró huir.
La MS—13 y la M—18 tuvieron su raíz en el decenio de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que emigraron a esa zona de EU para huir de las guerras en Centroamérica y establecieron mecanismos para defenderse de pandillas de blancos, negros, asiáticos y otras etnias y redes.
Los primeros mareros retornaron entre 1990 y 1993 de EU a Honduras, Guatemala y El Salvador, que conforman el Triángulo, en masivas deportaciones de migrantes irregulares. Al regresar a sus países, reprodujeron el modelo de pandilla, con extorsiones, asesinatos, asaltos, robos y otras modalidades criminales y luego abrieron nexos con el crimen organizado transnacional para sicariato y narcomenudeo, por lo que hoy son acusadas por los gobiernos de los tres países de ser responsables de los escenarios de violencia.
Aparte tener presencia en las tres naciones centroamericanas, las dos maras están desplegadas también en México, EU y Europa.
Arrestos en Honduras. Mientras tanto, tres hondureños de la M—18—dos mujeres y un hombre—fueron detenidos anoche en la norteña ciudad de San Pedro Sula, en Honduras.
La Fuerzas Nacional Antimaras y Pandillas de Honduras informó que a los tres se les decomisaron armas, indumentaria militar y dinero en efectivo en lempiras, la moneda hondureña, equivalente a unos ocho mil dólares.
Una de las mujeres, oficialmente identificada como Susana Godoy Leiva, alias “Mily”, sería la administradora y responsable del control del dinero de la M—18 en esa región del país.
La otra fue identificada como Osiris Mariana Díaz Archila, alias “La Brasileña” y una de las cabecillas de la M—18 en el área, y el hombre como Óscar Samuel Fernández Caballero, alias El Gordo.
De acuerdo con el reporte oficial, las mujeres, entre otras tareas, tenían la misión de entrar a las cárceles hondureñas para recibir órdenes e instrucciones de los jefes máximos de la pandilla para cometer crímenes.
Entre otras armas, las autoridades les confiscaron un lanzagranadas, granadas de fragmentación, fusiles, pistolas, subametralladoras y municiones de distinto calibre, así como equipo militar, un automóvil, cocaína y una máquina para contar dinero.